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La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su administración contemple crear impuestos a las herencias o gravar los recursos de las Afores heredados
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este jueves que su administración tenga previsto impulsar un impuesto a las herencias o promover el cobro de gravámenes a los recursos de las Afores que reciben los beneficiarios de trabajadores fallecidos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria respondió a la polémica generada en los últimos días tras la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el tratamiento fiscal de los recursos de las cuentas individuales de Afore heredadas, así como por las declaraciones de algunos ministros respecto a la posibilidad de gravar herencias.
"No, no estoy de acuerdo en eso" sentenció.
Sheinbaum fue enfática al señalar que el Gobierno de México no tiene contemplado presentar ninguna iniciativa para crear un impuesto a las herencias ni para modificar el régimen fiscal de las Afores heredadas.
La presidenta afirmó que la información que ha circulado en redes sociales y algunos espacios públicos ha generado confusión entre la población, por lo que reiteró que no existe una propuesta del Ejecutivo Federal para establecer ese tipo de contribuciones.
El tema cobró relevancia luego de que el Pleno de la Suprema Corte analizó un proyecto que proponía considerar sujetos al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) los recursos de las cuentas individuales de Afore entregados a los beneficiarios de trabajadores fallecidos.
Sin embargo, la mayoría de las ministras y ministros rechazó ese criterio, al considerar que dichos recursos pueden equipararse a una herencia o legado y, por lo tanto, mantenerse exentos del impuesto. El asunto fue turnado para la elaboración de un nuevo proyecto.
La discusión en la Corte también abrió el debate sobre la posibilidad de establecer impuestos a las herencias en México, luego de que algunas posturas señalaran que estos mecanismos existen en diversos países como una herramienta para reducir la desigualdad.
No obstante, la presidenta dejó claro que esa discusión judicial no representa una política pública impulsada por su administración ni significa que exista un proyecto de reforma fiscal en ese sentido.