El gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, denunció a la exmandataria Cristina Fernández por estafa en cobro de pensiones; la Anses argumentó que ella realizó un "cobro indebido"
Por cobrar pensiones como residente de la Patagonia, donde el pago por la jubilación es mayor, y no como vecina de la capital, el gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, denunció ante la justicia a la exmandataria Cristina Fernández. La denuncia fue presentada ante el Ministerio de Capital Humano, por "estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica". El organismo perteneciente a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pertenece al sistema estatal de jubilaciones, denunció que la exmandataria argentina realizó un "cobro indebido" de la bonificación por Zona Austral, correspondiente a un pago que reciben los jubilados que residen en las provincias de la Patagonia. Cristina Fernández con domicilio en la provincia de Santa Cruz, ha cobrado dos pensiones -la suya como exjefa de Estado y la que corresponde como viuda del también expresidente de Argentina, Néstor Kirchner- con ese beneficio, cuando es de "público conocimiento su residencia en la ciudad autónoma de Buenos Aires". "Esto habría generado un perjuicio fiscal a la Anses, por lo que, además, el organismo solicita ser querellante en la causa", mencionó el Ministerio de Capital Humano a través de un comunicado. A través de "X", Cristina Fernández rechazó la denuncia en su contra y acusó a Milei de perjudicarla judicialmente. Dijo que desde 1976 tiene su domicilio fijado en Río Gallejos, capital de Santa Cruz, y que desde 1995 ha ejercido cargos públicos nacionales por lo que estuvo "gran parte del tiempo" en la ciudad de Buenos Aires. La Anses tomó la decisión días después de que un tribunal de alzada confirmara una condena para Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante su gobierno y del Néstor Kirchner. También la Administración alegó que en ese momento las pensiones vitalicias para expresidentes "devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado nacional". Con información de: Agencia EFEBukele ofrece recibir migrantes que hayan cometido delitos
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