
Este 15 de mayo se cumplen ocho años del asesinato de Javier Valdez, colega periodista sinaloense.
Dos días después, también se cumplen dos años de un evento sin precedentes en la historia reciente de México.
Aquel 17 de mayo de 2017 hubo una histórica reunión en lo que fue la residencia oficial de Los Pinos en Ciudad de México. Una reunión como nunca había sucedido.
Estaba el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto, con su gabinete legal y ampliado; estaban en su totalidad los 31 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, era el pleno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y estaban además representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.
El motivo era responder mediáticamente al reciente asesinato de Javier y a los que lo habían antecedido. Dos meses antes habían asesinado a Miroslava Breach y hasta ese momento sumaban seis asesinatos solo en lo que iba de 2017.
Se reunieron con el argumento de alcanzar acuerdos y establecer acciones concretas para enfrentar la violencia contra medios y periodistas, y asumieron compromisos:
- Promover leyes de protección en cada entidad que no tuviera un marco jurídico en la materia y fortalecer la ley a nivel federal.
- Fortalecer el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y establecer protocolos homologados de atención a las agresiones.
- Crear Unidades Estatales de protección en aquellas entidades donde no hubiese mecanismos institucionales para ello. En ese entonces solo existía el Mecanismo de Protección Integral en la capital y la pésimamente diseñada Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas de Veracruz.
- Crear fiscalías especializadas para investigar delitos contra periodistas y contra la libertad de expresión y abatir la impunidad en los crímenes y ataques cometidos hasta esa fecha.
Protección ante el acoso legal
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