En este artículo
Los periodistas recibíamos diariamente las agendas de los funcionarios públicos de primer nivel con los eventos que tendrían a lo largo del día y con el fin de que los medios de comunicación acudieran a estos, si así lo deseaban. Las jefaturas de información debían incluso esperar hasta muy tarde para cuadrar y enviar a las y los reporteros las agendas con las coberturas que debían hacer al día siguiente.
Pero de pronto todo cambió; la pandemia del Covid influyó, por supuesto. Desde entonces, las administraciones públicas comenzaron a cerrar las agendas, limitando el acceso de la prensa a sus actos. Lo que antes era público pasó a ser “privado”, salvo eventos de poca importancia o de áreas que no les resultan “sensibles”, como cultura, turismo, etc.
Si bien, eventualmente hay entrevistas o “chacaleos”, los comunicados o boletines de prensa fueron multiplicándose hasta convertirse prácticamente en la principal vía de las autoridades para dar cuenta de su gestión gubernamental.
Así que, hoy, los gobiernos deciden de manera absolutamente arbitraria a qué eventos sí convocarán a la prensa y a cuáles no, para luego simplemente plasmar en un comunicado lo que consideran les es adecuado destacar, sin importar que al no permitir la libre cobertura de sus principales eventos -especialmente los relacionados con temas esenciales para la sociedad, como seguridad, derechos humanos, etc.-, violentan el ejercicio libre del periodismo, fundamental e indispensable en una sociedad que se jacte de ser democrática.
A los gobiernos no les importa que lo plasmado en los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en instrumentos internacionales claves para la defensa de la libertad de expresión quede en una mera ilusión, ni que en el Derecho de Acceso a la Información deba prevalecer el principio de máxima publicidad.
Tampoco les importa que el artículo sexto de la Carta Magna determine que “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
Menos aún que determine: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”.
Ni que el séptimo diga que “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”, y que “No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”.
O que la “Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), refiera puntualmente que: “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública (…) con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.
Y la “Declaración de Chapultepec” de la Sociedad Interamericana de Prensa exprese que: “Sólo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Sólo mediante la práctica de estos principios será posible garantizar a los ciudadanos y grupos su derecho a recibir información imparcial y oportuna. Sólo mediante la discusión abierta y la información sin barreras será posible buscar respuestas a los grandes problemas colectivos, crear consensos, permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la justicia social y avanzar en el logro de la equidad. Por esto, rechazamos con vehemencia a quienes postulan que libertad y progreso, libertad y orden, libertad y estabilidad, libertad y justicia, libertad y gobernabilidad, son valores contrapuestos”.
… Lo que sí importa a las administraciones públicas es excluir a las y los periodistas para evadir sus cuestionamientos y el escrutinio público.
