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“Acepto mi castigo. No estoy aquí para pedir compasión; estoy aquí para asumir mi responsabilidad y pedir perdón por el daño que causé y por el ejemplo que di”, fue parte de lo que leyó Ismael “El Mayo” Zambada, al declararse culpable ante el juez Brian Cogan en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, de tráfico internacional de drogas y crimen organizado, entre otros cargos; y ser sentenciado a cadena perpetua.
En su carta, el cofundador, junto con “El Chapo” Guzmán, del Cártel de Sinaloa -la mayor organización de tráfico de drogas del mundo y el principal proveedor del mercado estadounidense, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos- justificó su carrera delictiva en que creció en un entorno en donde la violencia y el crimen parecían normales: “Ahora sé que eso no es excusa. Llega un momento en que cada persona debe hacerse responsable de sus decisiones. Yo no lo hice, y muchas personas pagaron las consecuencias”.
Cincuenta años de impunidad, de ordenar múltiples homicidios y torturas, y hoy este hombre, mermado ya físicamente, declara cínicamente que si algo valioso podía decir es que “La violencia debe terminar. Tanto en México como en otros lugares afectados por este tipo de delitos, se pierden demasiadas vidas, se destruyen demasiadas familias y demasiados jóvenes quedan atrapados en un ciclo que solo conduce a la cárcel o a la muerte. Nadie gana en una guerra como esta”.
Y, con un inmenso descaro, recomienda “a la próxima generación” elegir un camino diferente: “No hay honor en la violencia ni nada duradero en el crimen; solo traen dolor y pérdida”.
Trágicamente así ha sido y ¡cientos de miles de personas en este país pueden dar cuenta de ello!; lo peor es que no fueron las autoridades e instituciones mexicanas quienes lo tienen hoy tras las rejas; de hecho, estas se muestran indignadas de que les hayan metido un gol de tal magnitud sin haberse dado cuenta, lo que resulta verdaderamente vergonzoso porque su inacción ¿o complicidad? ha permitido que, por décadas, esos “demasiados jóvenes” a los que se refirió “El Mayo” hayan quedado “atrapados en un ciclo que solo conduce a la cárcel o a la muerte”.
Según las “Estadísticas sobre personas adolescentes en conflicto con la ley (EPACOL) 2026”, del Inegi (29 de junio), durante 2024, 35 mil 193 personas adolescentes fueron registradas como imputadas por la presunta comisión de un delito en las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías o procuradurías estatales; lo que representa un aumento de 7.1 por ciento en relación con 2023; y de 55.4 por ciento, en comparación con 2021, el año con el número más bajo de personas imputadas.
Se registraron, asimismo, 36 mil 447 delitos en carpetas de investigación iniciadas en materia de
justicia penal para adolescentes. Desde 2022, el delito de lesiones es el más frecuente y
ha desplazado al de robo, que prevalecía entre 2017 y 2021.
Hubo 27 mil 912 víctimas en las carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes (seis de cada 10 fueron mujeres). La mayor cantidad de víctimas se concentró en el grupo de edad de 10 a 19 años.
En 2024, el registro arrojó 4 mil 95 personas adolescentes con alguna medida de sanción; mil 562 ingresaron a centros de internamiento estatales (nueve de cada 10 fueron hombres); además, luego de una tendencia a la baja de adolescentes ingresados, se presentó un aumento de 3.6 por ciento en los ingresos a los centros de internamiento en relación con 2023.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), por su parte, concluyó en su Balance Anual 2025 sobre la situación de la niñez y adolescencia en México, presentado en enero de este año, que la violencia contra este sector en el país continúa siendo crítica.
“Entre enero y noviembre de 2025, mil 991 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio. Aunque esta cifra representa una reducción de 11.5 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, REDIM advierte que ninguna disminución puede considerarse suficiente mientras su derecho a la vida siga siendo vulnerado”, señala.
El documento expone que el año pasado, 565 niñas, niños y adolescentes perdieron la vida por homicidio con arma de fuego y se registraron 10 mil 684 reportes de desapariciones (2 mil 850 seguían sin ser localizados a la fecha del informe).
Esto representa, explicó la directora ejecutiva de la red, Tania Ramírez, “Un aumento del 30 por ciento respecto a 2024 en una crisis que ha llevado a la activación del procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parte del Comité de la ONU”.
REDIM ha denunciado el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos y el secuestro.
El “Becarios sí, sicarios no” de López Obrador fue una simulación, con todo y su “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Morena, “La esperanza de México”, hizo creer falsamente a millones de mexicanas y mexicanos que un cambio positivo era posible; a la fecha, las niñas, niños y adolescentes siguen atrapados.