Luego de una disputa legal de 14 años, la SCJN determinó que como ilegal la instalación de granjas avícolas en diferentes comunidades indígenas del municipio de Huimilpan
Tras 14 años de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una sentencia definitiva que protege a las comunidades indígenas Puerta del Tepozán, El Garruñal, El Zorrillo, Apapátaro, San Antonio Carranza y Colonia Nuevo Apapátaro, del municipio de Huimilpan, al reconocer que la instalación de granjas avícolas en su territorio fue ilegal y violó su derecho a la consulta libre, previa e informada.
Izarelly Rosillo Pantoja, representante y abogada de las comunidades, informó que la resolución “fue aprobada por unanimidad de cinco votos” y que “la Corte determinó que hubo daño moral e intangible a las comunidades por vulnerar sus derechos culturales y a un ambiente sano”.
Explicó que, además de invalidar la licencia de construcción y el dictamen de uso de suelo, la SCJN instruyó que “se realice la consulta libre, previa e informada con apoyo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)”.
También ordenó a la empresa responsable tramitar los estudios y permisos de impacto ambiental que nunca fueron gestionados.
La abogada precisó que el fallo incluye la reparación integral del daño: “La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deberá cuantificar la compensación por los 14 años de afectaciones, considerando el cambio en el modo de vida y el sufrimiento de las comunidades”.
Representantes de los pueblos estuvieron presentes en la conferencia de prensa; quienes recordaron que hace más de una década presentaron más de 400 firmas en oposición a las granjas “por los olores y daños a la salud” que modificaron su proyecto comunitario de desarrollo turístico.
“La justicia reconoce que los pueblos originarios no fueron consultados y que su entorno fue afectado. La Corte nos ha escuchado”, expresó Rosillo Pantoja y, al concluir, enfatizó que la resolución es “histórica no solo para Huimilpan, sino para todas las comunidades indígenas del país”.
Con ello, Huimilpan deberá realizar la consulta a las comunidades antes de decidir si las granjas podrán continuar operando, en un proceso acompañado por el INPI y supervisado por la autoridad federal.
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