El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola, dio a conocer que el Centro de Mediación contará en 2026 con 80 personas certificadas para que los casos no escalen a juicio
La transformación de la justicia civil y familiar en Querétaro iniciará la operación de la primera sala familiar en San Juan del Río el 1 de junio de 2026, proyecto que forma parte de una calendarización estatal que concluirá en 2027.
El presidente del Poder Judicial, Braulio Guerra Urbiola, explicó que esta transición “pasando de una tradición escrita de 200 años en el derecho civil y familiar para que ahora sea de una manera más ágil, más eficiente, más pronta y expedita”.
El plan contempla una inversión “de poco más de 20 millones de pesos” para nuevas salas civiles y familiares, además de la designación de “nuevos jueces civiles, nuevos jueces familiares” con arranque en San Juan del Río y expansión hacia Tolimán, Cadereyta y posteriormente la Ciudad Judicial.
Reconoció que la carga de trabajo presiona con fuerza al sistema: “Hay unos 2 mil 500 asuntos por juzgado familiar, subiendo promedio 10 o 12 por ciento en litigio y en la nómina entre 1 y 2 por ciento”. Frente a ello, el Poder Judicial impulsa una estrategia de mediación para evitar que los conflictos escalen a juicio. “Ya está operando el centro de mediación, ya tenemos 41 personas certificadas y tendremos 80 en 2026”, destacó, enfatizó que los convenios derivados se elevarán a cosa juzgada.
Sobre la Reforma Judicial, el presidente del Poder Judicial informó que ha sostenido “dos encuentros con la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Georgina Guzmán, con muchísimo diálogo” y reiteró la disposición del Poder Judicial para aportar técnica y operativamente. Recordó que ya presentaron “10 puntos al Congreso” y que corresponderá a diputadas y diputados definir el rumbo final.
Finalmente, sobre el llamado síndrome de burnout, fenómeno cada vez más presente en los entornos laborales, el magistrado precisó que su atención no corresponde al ámbito del Poder Judicial. Señaló que, si bien existe coordinación con la Secretaría de Salud para compartir información sobre el tema, la intervención especializada recae en las instancias responsables del bienestar y la salud de los trabajadores.
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