La diputada federal Abigail Arredondo reiteró su compromiso con la defensa de la salud y advirtió que la prohibición total de vapeadores desatará el "mercado negro"; aseguró que "la prohibición no frena el consumo"
La diputada federal Abigail Arredondo Ramos, representante de Querétaro e integrante del Grupo Parlamentario del PRI, reiteró su compromiso con la defensa de la salud y de los derechos de las y los jóvenes, tras manifestar su rechazo al dictamen impulsado por la mayoría oficialista que buscaba imponer sanciones excesivas y criminalizantes en materia de vapeadores y cigarros electrónicos.
Recordó que el PRI ha exigido desde que la actual administración llegó al poder un sistema de salud digno y funcional: “Han pasado siete años prometiendo un sistema como el de Dinamarca, y hoy lo único que tenemos son farmacias del bienestar”, señaló y agregó: “Por supuesto que estamos a favor de proteger la salud y de impedir que vapeadores o estupefacientes estén cerca de niñas, niños y adolescentes. Lo que rechazamos es que se pretenda criminalizar a quienes más deberíamos cuidar: nuestras y nuestros jóvenes”.
Arredondo Ramos advirtió que el dictamen original contenía disposiciones que podían llevar a jóvenes adultos a enfrentar penas de prisión solo por adquirir un vapeador, de 1 a 8 años de cárcel, algo que calificó como desproporcionado e injusto: “Tuvieron que recular, tuvieron que corregir el dictamen, y lo hicieron gracias a que el PRI y la oposición levantamos la voz, si no lo hubiéramos hecho, hoy tendríamos una ley hecha al vapor que lastimaba directamente a la juventud”.
Por ello, pidió reflexionar si la prohibición absoluta realmente evita que estos productos lleguen a manos de quienes no deberían consumirlos, ya que indicó que el "mercado negro" de vapeadores y tabaco ilícito en México "vale hasta 20 mil millones de pesos al año" y al menos siete grupos criminales controlan ese negocio.
"¿De verdad alguien cree que prohibiendo todo se resolverá el problema?”, cuestionó y añadió: “Lo único que lograrán es fortalecer al crimen organizado, tal como ha ocurrido con otras drogas. Basta ver la experiencia internacional, incluso la de Estados Unidos”.
La diputada federal explicó que una prohibición sin regulación generaría tres consecuencias graves: Más ingresos y más poder para bandas delincuenciales; mayor riesgo para la salud, al no existir control sanitario ni calidad; así como mayor exposición de menores de edad al mercado clandestino.
“La prohibición no frena el consumo; solo lo hace más peligroso”, enfatizó, al tiempo que señaló que la manera como se debe desincentivar el consumo de estos aparatos es con una regulación firme y estricta, con programas y campañas de prevención, donde se advierta de los riesgos y daños a la salud por consumir estas sustancias.
Arredondo Ramos reafirmó que el PRI seguirá defendiendo la libertad, la responsabilidad y el derecho de las y los jóvenes a no ser criminalizados por decisiones impulsivas o por falta de información: “No a criminalizar a las y los jóvenes. No a la prohibición desmedida. No a un gobierno que confunde castigo con política de salud".
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