En este artículo
Según el INEGI, en 2024, Querétaro registró 308 solicitudes de queja por presuntas violaciones a derechos humanos, de las cuales 291 fueron aceptadas, dos se declararon incompetentes y nueve improcedentes
Durante 2024, Querétaro registró 308 solicitudes de queja por presuntas violaciones a derechos humanos, de las cuales 291 fueron aceptadas, dos se declararon incompetentes y nueve improcedentes, de acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2025 del INEGI.
Con estas cifras, la entidad se colocó en la posición 29 de las 32 entidades federativas con menor número de quejas, solo por encima de Morelos, Yucatán y Baja California Sur. En contraste, Nuevo León encabezó el listado nacional con 11 mil 407 solicitudes, seguido de Puebla con 9 mil 502 y Veracruz con 8 mil 377.
El censo señala que el 94 por ciento de las quejas presentadas ante el organismo público de derechos humanos en Querétaro derivaron en la apertura de un expediente, lo que refleja un alto nivel de procedencia en las solicitudes recibidas.
Durante el mismo periodo, el organismo brindó 4 mil 841 servicios de atención inmediata y complementaria, principalmente asesorías y orientaciones.
Al cierre de 2024, Querétaro contaba con 67 personas adscritas a nueve órganos o unidades administrativas, lo que lo convierte en la tercera entidad con menos organismos de derechos humanos en el país, solo por encima de Chihuahua y Nayarit. En comparación, la Ciudad de México reportó 42 organismos.
En términos presupuestales, el organismo ejerció alrededor de 51 millones de pesos, monto inferior al de 13 entidades federativas y muy por debajo del presupuesto de la Ciudad de México, que ascendió a 504 millones de pesos.
Además, durante el año en cuestión fueron atendidos 573 expedientes de queja, de los cuales 332 fueron concluidos y 241 permanecían en trámite al cierre de 2024.
A nivel nacional, el INEGI contabilizó 148 mil 935 solicitudes de queja. Las mujeres fueron el grupo que concentró el mayor número de quejas, con 18 mil 439, seguido de personas privadas de la libertad, 8 mil 390, y personas adultas mayores 4 mil 798.
