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Durante una sesión celebrada en el municipio de Huimilpan, el Congreso Local aprobó cambios legales para prohibir que los deudores alimentarios ocupen empleos, cargos o comisiones en la administración pública
En sesión de Pleno, la 61 Legislatura de Querétaro aprobó reformas para impedir que personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (deudores alimentarios) puedan desempeñar empleos, cargos o comisiones dentro de la administración pública estatal o municipal.
El dictamen establece que quienes estén registrados como deudoras o deudores alimentarios no podrán ocupar puestos en el servicio público, como parte de medidas orientadas a proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
La diputada Leonor Mejía señaló que la pensión alimenticia no debe verse sólo como un trámite legal, sino como una responsabilidad cotidiana con hijas e hijos.
“Quien aspira a servir al Estado debe actuar con integridad y responsabilidad, empezando por el deber elemental hacia sus hijas e hijos”, expresó.
En la misma sesión de pleno, realizada en el municipio de Huimilpan, el Congreso estatal también avaló la minuta enviada por la Cámara de Diputados para reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de la jornada laboral.
Durante la discusión del tema, legisladores y legisladoras coincidieron en que avanzar hacia una jornada laboral de 40 horas representa un paso para mejorar las condiciones laborales en el país.
El diputado Homero Barrera señaló que esta reforma busca generar un mayor equilibrio en la vida de las personas trabajadoras.
En otros asuntos, el Congreso aprobó reformas a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer la violencia contra las mujeres durante el periodo de lactancia.
La modificación establece que constituye violencia cualquier acción u omisión que limite, obstaculice o sancione social o institucionalmente la práctica de amamantar.
Asimismo, se aprobaron reformas para incorporar la educación menstrual integral en el sistema educativo estatal, con el objetivo de promover información sobre este proceso biológico, reducir estigmas y generar entornos escolares más inclusivos.
