En este artículo
El Consejo estará conformado por cinco familiares de personas desaparecidas, cuatro especialistas en derechos humanos o búsqueda de personas y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil
El Congreso de Querétaro emitió la convocatoria pública para integrar el Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, con participación de familiares de víctimas, especialistas y organizaciones civiles.
El proceso, a cargo de la Junta de Coordinación Política de la 61a. Legislatura busca designar a 13 integrantes que participarán en la evaluación y seguimiento de las acciones de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.
De acuerdo con la convocatoria, publicada en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” el viernes 1 de mayo, el Consejo estará conformado por cinco familiares de personas desaparecidas, cuatro especialistas en derechos humanos o búsqueda de personas, incluyendo al menos uno en materia forense, y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil.
La convocatoria establece que el registro de aspirantes se realizará durante un plazo de 10 días hábiles a partir de su publicación, mediante la entrega de documentación en la Oficialía de Partes del poder Legislativo estatal.
Además, el procedimiento contempla etapas de revisión documental, publicación de candidaturas, entrevistas y la emisión de un dictamen final que será sometido al pleno del Congreso para la designación de los integrantes.
Entre los requisitos, se establece que las personas aspirantes no deberán haber ocupado cargos partidistas recientes ni haber sido servidores públicos en los últimos años, además de acreditar experiencia en derechos humanos o en búsqueda de personas.
El Consejo Estatal Ciudadano funcionará como un órgano de consulta de la Comisión Local de Búsqueda, en cumplimiento de lo establecido en la “Ley general en materia de desaparición forzada de personas”.
La convocatoria también prevé que la información de las personas aspirantes podrá ser pública, salvo datos personales, y que cualquier irregularidad en la documentación será motivo de descalificación.