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El diputado local de Morena, Arturo Maximiliano García Pérez, negó que la "ley de identidad de género" haya sido impulsada por "la izquierda radical"
Luego de que el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, vetara la denominada “ley de identidad de género”, el diputado local del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Arturo Maximiliano García Pérez, afirmó que dicha legislación no incluye a los menores de edad.
“No tiene que ver con ideologías, no es una promoción para que lo hagas o para que lo dejes de hacer. Mucho menos para que lo hagan los menores de edad (…) En su momento, nosotros no permitimos que se incluyera a los menores”, aseguró.
El legislador local morenista negó que esta norma hay sido promovida por “la izquierda radical”, sino que es una legislación que pretende regular una realidad social y jurídica.
“Esta es una iniciativa que lo que busca es certidumbre jurídica para las personas que contraen algún tipo de vínculo jurídico con personas que han decidido cambiar de género o de sexo. Así de sencillo y así de fácil”, señaló.
García Pérez explicó que la “ley de identidad de género” se trató de una propuesta impulsada tanto por organizaciones sociales, colectivos, asociaciones defensoras de derechos humanos, activistas y la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ).
En este sentido, sugirió que los asesores del mandatario estatal le explicaron con engaños el contenido de las reformas al Código Civil, que establecerían un mecanismo administrativo ante el Registro Civil para que las personas cambien su nombre y género en su acta de nacimiento.
Aunque detalló que el veto de la “ley de identidad de género” puede ser revertido por el voto de las dos terceras partes del Congreso Local, admitió que será “muy complicado” construir esa mayoría calificada en la 61 Legislatura.
Durante la sesión ordinaria del jueves 30 de abril pasado, el Congreso del Estado de Querétaro aprobó dicha reforma con una ajustada mayoría de 14 votos a favor y 11 en contra. A nivel nacional, 24 de los 32 estados del país reconocen mecanismos legales para garantizar la identidad de género de las personas.