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Guadalupe Murguía, senadora del PAN por Querétaro, planteó que es indispensable considerar la intervención de la delincuencia organizada como motivo para anular elecciones en México
La senadora panista por Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez, cuestionó que la reciente reforma constitucional en materia electoral considere la intervención extranjera como causal de nulidad de una elección, pero deje fuera la participación de la delincuencia organizada, luego de las versiones periodísticas sobre presuntas investigaciones de autoridades estadounidenses a más gobernadores mexicanos.
Además, señaló que la información difundida por Los Angeles Times, respecto a supuestas investigaciones que involucrarían a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, ambos emanados de Morena, ha generado tensión en la relación entre México y Estados Unidos.
En ese contexto, sostuvo que resulta contradictorio que la reforma electoral aprobada durante el reciente periodo extraordinario de sesiones contemple la intervención o injerencia extranjera como una causa para anular elecciones, pero no considere la influencia de grupos delictivos en los procesos democráticos.
“Hace falta y es indispensable que se establezca como causa de anulación de un proceso electoral la intervención de la delincuencia organizada”, afirmó.
La senadora consideró que la capacidad de operación de organizaciones criminales en distintas regiones del país representa un factor que puede afectar el desarrollo de las elecciones y la libertad del voto.
Explicó que dicha intervención puede manifestarse mediante financiamiento ilegal de campañas, intimidación a candidatos y electores, agresiones, privaciones de la libertad e incluso asesinatos de aspirantes a cargos públicos.
Aunque reconoció la importancia de proteger la soberanía nacional frente a posibles injerencias extranjeras, Murguía Gutiérrez sostuvo que también debe atenderse el impacto que tiene la delincuencia organizada en la vida política del país.
Finalmente, afirmó que la posible participación de grupos criminales en los procesos electorales representa una amenaza para la equidad de las contiendas y para el ejercicio democrático.