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La propuesta plantea modificar el artículo 2 de la constitución local para establecer que las autoridades estatales y municipales, dentro de sus respectivas competencias, garanticen la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos
La diputada local del Partido del Trabajo (PT), Claudia Díaz Gayou, presentó una iniciativa de reforma para incorporar en la Constitución de Querétaro la obligación expresa del Estado y los municipios de proteger la vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas, así como de personas defensoras de derechos humanos durante el ejercicio de sus actividades.
La propuesta plantea modificar el artículo 2 de la constitución local para establecer que las autoridades estatales y municipales, dentro de sus respectivas competencias, garanticen la protección de estos sectores, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico de protección a quienes enfrentan riesgos derivados de su labor informativa o de defensa de derechos.
En conferencia de prensa, señaló que las agresiones contra periodistas y defensores no afectan únicamente a las personas involucradas, sino que impactan directamente en el acceso de la sociedad a la información, la participación ciudadana y el funcionamiento democrático. Añadió que la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos son derechos fundamentales reconocidos por la Constitución mexicana y por tratados internacionales suscritos por el país.
Asimismo, señaló que, aunque desde 2012 existe una Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, distintos organismos han planteado la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para mejorar los mecanismos de prevención y protección.
Como parte del proceso legislativo, anunció la realización de un parlamento abierto para recabar opiniones de periodistas, medios de comunicación, organizaciones civiles, especialistas y autoridades. Indicó que las aportaciones servirán para elaborar leyes secundarias que establezcan definiciones, procedimientos, medidas de protección, mecanismos de coordinación institucional, posibles órganos de supervisión, sanciones y recursos presupuestales para su operación.