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La diputada local de Morena, Andrea Tovar Saavedra, reconoció que las movilizaciones en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026 evidencian los problemas que padece México
Las manifestaciones de diversos sectores sociales en vísperas de la inauguración del Mundial de Futbol 2026 son un reflejo de problemáticas que continúan presentes en México y en otras regiones del mundo, afirmó la diputada de Morena en el congreso de Querétaro, Andrea Tovar Saavedra.
La legisladora consideró que las protestas encabezadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como las expresiones de colectivos de madres buscadoras y otros grupos ciudadanos, deben entenderse como “reclamos legítimos relacionados con demandas sociales que permanecen sin resolverse”.
De igual manera, señaló que el Mundial representa “una oportunidad para visibilizar temas que afectan a distintos sectores de la población y que forman parte de la realidad nacional”.
“Me parece que el Mundial es un espacio para reflejar algunos problemas que aquejan a nuestra sociedad. Sería mentir decir que no tenemos estas problemáticas”, expresó.
Respecto a las movilizaciones de la CNTE, la diputada consideró que modificar una legislación con varios años de vigencia, como exigen, representa un reto político y económico, aunque destacó que el diálogo entre las autoridades federales y los grupos inconformes continúa abierto.
Asimismo, defendió la actuación del gobierno federal ante las manifestaciones y afirmó que existen canales de comunicación con los grupos inconformes. No obstante, reconoció que parte de la ciudadanía puede considerar insuficientes las respuestas ofrecidas hasta ahora.
En materia de seguridad, dijo que persisten desafíos derivados de la estrategia implementada desde 2006 para combatir al crimen organizado. Aunque afirmó que algunos delitos de alto impacto han disminuido, sostuvo que todavía existen áreas que requieren ajustes y mejoras.
Finalmente, señaló que las demandas expresadas por distintos sectores sociales deben ser atendidas y analizadas, al considerar que forman parte de “reclamos legítimos” de la ciudadanía que continúan presentes en el país.