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Con dos votos a favor y uno en contra, la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales del Congreso del Estado de Querétaro avaló la reforma electoral local
La Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales del Congreso de Querétaro aprobó el dictamen que concentra diversas reformas a la legislación electoral del estado. El dictamen de reforma electoral fue aprobado con dos votos a favor y uno en contra, emitido por la diputada Adriana Meza Argaluza.
Durante la discusión también fue rechazada una reserva presentada por la legisladora Meza Argaluza para modificar el artículo 166 de la Ley Electoral de Querétaro, con la que buscaba aumentar de dos a tres los municipios donde los partidos deberán registrar mujeres como candidatas a encabezar las planillas de ayuntamientos. La propuesta obtuvo un voto a favor y dos abstenciones.
La versión avalada por la comisión mantiene que los partidos deberán garantizar la postulación de mujeres en al menos dos municipios donde históricamente nunca han sido electas por voto popular como presidentas municipales, criterio que fue considerado “insuficiente” por legisladoras que impulsaban una acción afirmativa más amplia.
La diputada Claudia Díaz Gayou (PT) señaló que el texto aprobado no retomó el planteamiento original de las iniciativas presentadas sobre paridad sustantiva. Recordó que su propuesta contemplaba que las mujeres encabezaran candidaturas en al menos tres de los cinco municipios más poblados del estado.
Por su parte, Adriana Meza consideró que elevar la obligación a tres municipios permitiría acelerar la eliminación de las brechas de representación.
El presidente de la comisión, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, afirmó que el dictamen retoma como base la propuesta presentada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y señaló que la reforma busca actualizar el marco jurídico en materia electoral, fortalecer el principio de paridad, incorporar lenguaje incluyente, reforzar las medidas para prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género, modernizar procedimientos mediante herramientas tecnológicas y brindar mayor certeza jurídica a los procesos electorales.