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Los legisladores afines a la Cuarta Transformación proponen que, ante una ausencia definitiva, el cargo sea ocupado por la persona que siga en la lista de electos, respetando el género
Diputados locales de Querétaro afines a la Cuarta Transformación presentaron una iniciativa alterna de reforma judicial, con la que plantean que las vacantes definitivas de jueces y magistrados se cubran conforme al orden de la votación y no mediante nombramientos del Órgano de Administración Judicial.
La propuesta fue presentada por Claudia Díaz Gayou, Eric Silva Hernández y Rosalba Vázquez Munguía, después de que el Poder Ejecutivo estatal ingresó una nueva iniciativa para armonizar la Constitución local con la reforma federal que trasladó a 2028 la elección de juzgadores.
Entre las diferencias centrales, los legisladores proponen que, ante una ausencia definitiva, el cargo sea ocupado por la persona que siga en la lista de electos, respetando el género. Díaz Gayou cuestionó que el proyecto del Ejecutivo otorgue esa facultad al Órgano de Administración Judicial.
“Están haciendo una ley a modo para que se queden los mismos de siempre”, afirmó la diputada al considerar que el mecanismo se aparta del principio de elección mediante voto ciudadano
La iniciativa también establece un plazo de seis meses para resolver asuntos, salvo justificación, y plantea excluir a la Escuela de Formación Judicial de las etapas del proceso de selección.
Asimismo, busca incorporar en la Constitución local el procedimiento de elección y las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial.
Los diputados reconocieron que el Ejecutivo modificó la integración de este último órgano para establecer una designación del Ejecutivo, una del Legislativo y tres del Poder Judicial, distribución que habían planteado durante la discusión anterior y fue rechazada.
Ambas iniciativas deberán acumularse para su análisis en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Administración y Procuración de Justicia.
Cabe mencionar que al tratarse de una reforma constitucional, el dictamen requerirá mayoría calificada y el aval de dos terceras partes de los ayuntamientos.