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- El senador panista por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, vinculó la aprobación de la “ley antimemes” con otras reformas federales que, a su juicio, forman parte de un “esfuerzo sistemático, constante” para limitar las voces críticas al gobierno, aunque dijo que esperará la revisión de la Cámara de Diputados antes de fijar una postura definitiva
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El senador panista por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, vinculó la aprobación de la “ley antimemes” con otras reformas federales que, a su juicio, forman parte de un “esfuerzo sistemático, constante” para limitar las voces críticas al gobierno, aunque dijo que esperará la revisión de la Cámara de Diputados antes de fijar una postura definitiva
Cabe recordar que las modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial fueron aprobadas por el Senado con 72 votos a favor y 34 en contra. El bloque oficialista sostuvo que buscan sancionar usos fraudulentos de símbolos oficiales, mientras la oposición advirtió posibles afectaciones a la libertad de expresión.
“Vemos un esfuerzo sistemático, constante para limitar la voz de la ciudadanía cuando están en contra, cuando tienen una postura diferente a la postura oficial del gobierno”, afirmó el senador.
Dorantes Lámbarri relacionó la “ley antimemes” con la reforma en telecomunicaciones y con disposiciones sobre multas a concesionarios, al considerar que forman parte de una misma tendencia restrictiva. Sin embargo, evitó cerrar su valoración: “Hay que ver cómo queda” tras la discusión en la Cámara de Diputados, dijo, para determinar “si en verdad están limitando la libertad de las personas”.
En otro tema, informó que se reunió con integrantes del grupo parlamentario del PAN para buscar que su agenda contra deudores alimentarios sea asumida por la bancada y no permanezca como una propuesta individual.
Entre las medidas que retomó está restringir temporalmente el acceso a estadios de futbol a personas inscritas como deudoras alimentarias hasta que acrediten el pago de la pensión, planteamiento que ya había expuesto previamente.
También reiteró reducir de tres meses a uno el periodo de incumplimiento para ingresar al registro y que la inscripción se realice de oficio. Señaló que insistirá en estas medidas a nivel federal y, si no avanzan, buscará impulsar alternativas en el ámbito local.