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- La dirigente estatal del PRI en Querétaro, Abigail Arredondo Ramos, afirmó que su partido respaldaría el protocolo antinarcocandidatos propuesto por el gobernador Mauricio Kuri González, siempre que en la revisión de perfiles intervengan el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ ) o el Instituto Nacional Electoral (INE), pues advirtió que el Gobierno estatal no puede ser “juez y parte” en los filtros
- PRI pide vigilancia durante el ejercicio del cargo
- Movimiento Ciudadano acepta presentar declaración 6 de 6
La dirigente estatal del PRI en Querétaro, Abigail Arredondo Ramos, afirmó que su partido respaldaría el protocolo antinarcocandidatos propuesto por el gobernador Mauricio Kuri González, siempre que en la revisión de perfiles intervengan el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ ) o el Instituto Nacional Electoral (INE), pues advirtió que el Gobierno estatal no puede ser “juez y parte” en los filtros
“Nosotros podemos firmar acuerdos que tengan que ver con el INE, con el Instituto Electoral, porque para eso están”, declaró y sostuvo que dejar la revisión en manos de una autoridad gubernamental podría abrir espacio a decisiones discrecionales sobre aspirantes.
La postura surge después de que Kuri González abrió la posibilidad de llevar el protocolo al congreso local y planteó que el IEEQ pueda fungir como instancia técnica o árbitro de un eventual acuerdo entre partidos.
Por su parte, la presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz Rodríguez, precisó que el organismo no puede incorporar requisitos adicionales para candidaturas ni asumir nuevas atribuciones fuera de la legislación vigente. Cualquier filtro adicional, dijo, “tendría que ser voluntario”.
PRI pide vigilancia durante el ejercicio del cargo
Arredondo Ramos sostuvo que los controles no deberían limitarse a quienes buscan una candidatura. “Es importante garantizar la integridad de la postulación, pero es más importante garantizar la integridad en el ejercicio del cargo”, señaló.
Además, planteó fortalecer el sistema anticorrupción para mantener vigilancia sobre quienes ya desempeñan funciones públicas. Propuso revisar la designación de titulares de contralorías y fiscalías, establecer supervisión permanente y agilizar la separación de funcionarios investigados por actividades delictivas.
También consideró que, por los tiempos electorales, ya no sería viable imponer un nuevo protocolo obligatorio para 2027. “Sí necesitamos filtros, sí necesitamos prevenir, pero también necesitamos ver qué vamos a hacer con los próximos gobiernos”, sostuvo.