Sheinbaum respaldó la prisión preventiva oficiosa y pidió mantenerla para ciertos delitos graves, en respuesta al proyecto de resolución que discutirá la Corte
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó este jueves su respaldo a la figura de la prisión preventiva oficiosa, al considerarla una herramienta necesaria ante el contexto de inseguridad y la presencia de grupos delictivos en el país.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria señaló que esta medida cautelar es relevante no solo para proteger a la ciudadanía, sino también a los jueces, al establecer criterios legales claros para ciertos delitos de alto impacto.
“Frente a la situación de inseguridad que vive el país, es importante, incluso para la protección de los jueces, que haya delitos donde no quede al criterio del juez la prisión preventiva, sino que haya una orientación legal previa”, declaró Sheinbaum.
La presidenta subrayó que esta medida, incluida en el artículo 19 constitucional desde 2019, no se aplica de forma automática, ya que requiere una valoración judicial basada en las pruebas del Ministerio Público.
Además, criticó a sectores de la oposición por oponerse a la figura sin presentar alternativas. “Es una medida que se toma frente a la situación actual y a las condiciones del país”, afirmó.
Las declaraciones ocurren un día después de que se diera a conocer el proyecto de resolución de la ministra Margarita Ríos Farjat, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien propuso validar la ampliación del catálogo de delitos que contemplan prisión preventiva oficiosa, impulsada por Morena, aunque con limitaciones.
La propuesta de la ministra plantea que la medida no debe aplicarse de forma automática, sino tras una audiencia judicial que valore la necesidad de cautela, con criterios de excepcionalidad.
El proyecto se discutirá en el pleno de la SCJN el próximo 5 de agosto. Actualmente, los delitos que contemplan prisión preventiva oficiosa incluyen feminicidio, abuso sexual contra menores, corrupción, robo de hidrocarburos, desaparición forzada y el uso de programas sociales con fines electorales.
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