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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aseguró que durante los primeros dos años de la actual administración ha generado ahorros preventivos por casi 84 mil millones de pesos
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aseguró que durante los primeros dos años de la actual administración federal ha generado ahorros preventivos por casi 84 mil millones de pesos, principalmente mediante la revisión de compras, contratos de obra pública y estructuras administrativas, además de sancionar a servidores públicos y empresas por diversas irregularidades.
En la conferencia de prensa mañanera del Ejecutivo federal, la secretaria Raquel Buenrostro explicó que la dependencia mantiene un enfoque prioritario en la prevención de actos de corrupción, bajo la premisa de que intervenir antes de que se concrete una irregularidad permite evitar el uso indebido de recursos públicos y corregir procedimientos.
Del monto que se reportó, 29 mil millones de pesos corresponden a estrategias de compras públicas, mientras que otros 42 mil millones derivaron del seguimiento de contratos de obra pública, particularmente mediante la revisión de costos unitarios y posibles sobrecostos. A ello se suman 7 mil 800 millones de pesos derivados de la reorganización de estructuras gubernamentales y otros 4 mil 800 millones relacionados con el seguimiento de sanciones a servidores públicos y proveedores.
Buenrostro Sánchez destacó como ejemplo una compra de equipamiento médico realizada por el IMSS, en la que la dependencia acompañó el proceso para ampliar la competencia entre proveedores y establecer requerimientos tecnológicos comunes. Según la funcionaria, el procedimiento permitió adquirir equipos con tecnología de vanguardia con un costo 46 por ciento menor.
La secretaria también resaltó modificaciones a las reglas de adquisiciones para facilitar la participación de pequeñas empresas, productores y cooperativas.
Conferencia de prensa matutina. Martes 22 de septiembre 2026 https://t.co/8qa4akisyY
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 22, 2026
Servidores públicos sancionados
En materia de sanciones, la secretaria informó que durante la administración han sido sancionados 4 mil 193 servidores públicos. De ellos, 3 mil 528 corresponden a faltas no graves y 665 a faltas graves.
Algunas de las conductas detectadas fueron el otorgamiento o autorización de pagos indebidos, sustracción de información bajo resguardo, autorización de pagos por bienes o servicios no entregados, compras innecesarias, ocultamiento de bienes e incrementos patrimoniales, falsificación de documentos y casos de hostigamiento o acoso sexual.
También, mil 737 expedientes de servidores públicos fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por tratarse de faltas graves. De estos, Buenrostro señaló que 87 ya fueron notificados y sancionados, mientras que mil 650 permanecen en proceso.
En el caso de particulares, la dependencia reportó 286 personas morales sancionadas, principalmente por presentar documentación falsa en licitaciones, incumplir contratos, simular experiencia técnica y ocultar conflictos de interés. En estos casos se han impuesto sanciones por mil 473 millones de pesos.
Para materia penal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó durante estos dos años 517 denuncias contra servidores públicos, de las cuales 53 han derivado en vinculaciones a proceso.
Entre los delitos identificados se encontraron enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó los resultados presentados por Buenrostro y destacó particularmente la estrategia preventiva.
Explicó que cuando la Secretaría detecta irregularidades desde la etapa de una licitación puede detener el procedimiento, revisar las actuaciones y, en su caso, establecer medidas cautelares contra servidores públicos mientras se determina su responsabilidad.
También adelantó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno trabaja, junto con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Auditoría Superior de la Federación, en propuestas de modificación legal para mejorar la gestión pública y fortalecer los mecanismos para prevenir actos de corrupción.