
En México, la percepción de que la lucha contra la corrupción avanza se estancó en el 2021, ya que el país se mantuvo en la posición 124 de 180 países que son evaluados por Transparencia Internacional (TI) en materia de combate al flagelo, mismo lugar que ocupó en el 2020
Sin sanciones
Según el estudio de TI, la lucha contra la corrupción ha sido el eje principal de la administración federal 2018-2024 que en esta agenda cuenta con un amplio apoyo social para avanzar, sin embargo, los casos de corrupción definidos como emblemáticos —Estafa maestra, Odebrecht, Agro Nitrogenados, expresidentes, entre otros—, no han sido aún sancionados en materia penal. Además de que no hay una recuperación de los activos desviados por estos y otros casos de gran corrupción y la reparación del daño a las víctimas, es prácticamente inexistente. Al tiempo que hay una creciente preocupación por el uso político-electoral en las fiscalías mexicanas, que pese a gozar en muchos casos de autonomía formal, no son vistas como órganos independientes al gobierno. Su actuación presenta sesgos favorables o negativos dependiendo del grupo político al que se investiga. Por lo anterior, la organización internacional recomienda a México que “la gran corrupción debe pasar de las investigaciones a las sanciones efectivas. Los integrantes de las redes deben ser sancionados y los activos desviados deben reintegrarse al patrimonio nacional”. Además de que las instituciones y organismos que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción deben ser evaluados en términos de su desempeño individual, con un enfoque de resultados y no solo de procesos. TI también considera que es central mantener la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia anticorrupción.“Uno de los eslabones más débiles de la política anticorrupción en México, y no sólo en el gobierno federal, es la recuperación de activos. Es momento de cumplir la promesa gubernamental de ‘devolverle al pueblo lo robado’”, indica.Y añade que “el gobierno de México tiene que aprovechar el amplio apoyo social en esta materia para enfrentar a las redes de corrupción que se mantienen vivas, operantes, y en muchos casos vinculadas a redes criminales”. Cabe señalar que, durante la medición del 2020, TI dio cuenta que México había mejorado seis lugares respecto al ranking del 2019, pues pasó de ocupar el lugar 130 a 124 de los 180 países evaluados. Mientras que su calificación global avanzó dos puntos con relación a un año anterior, ya que su calificación en el Índice de Percepción de Corrupción del 2020 contó con 31 puntos (donde 0 sería la evaluación más baja y 100 la mejor evaluación posible); para el 2019, esta cifra se colocó en 29 puntos. Lo anterior, se traducía en que nuestro país se había recuperado 14 lugares desde el 2018, año en que México se colocó en la posición número 138 de 180 países; sin embargo, aunque el avance es significativo, no se compara con los datos registrados en el 2015, cuando logró obtener su mejor calificación al posicionarse en el lugar 95 del ranking con 35 puntos.
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