
La información contenida incluye números de Seguridad Social, historial médico, información fiscal, datos de cuentas bancarias, historial de ingresos, domicilios, registros de nacimiento y matrimonio, así como de inmigración, entre otros
Este viernes, el Gobierno de Estados Unidos ha solicitado al Tribunal Supremo que permita a los miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), dirigido por Elon Musk, acceder a registros personales de la Seguridad Social después de que una jueza bloqueara temporalmente el acceso a dichos datos. El procurador general de EUA, John Sauer, acusa en un escrito a dicha jueza de abusar de su autoridad, un argumento que la administración del presidente Donald Trump está enarbolando en varios procesos para cancelar los bloqueos en los tribunales de sus medidas. De acuerdo con Sauer, la orden emitida el pasado 20 de marzo por la magistrada federal Ellen Hollander, del Tribunal de Distrito de Maryland, "inflige un daño continuo e irreparable a las urgentes prioridades federales y obstaculiza las funciones del poder Ejecutivo". El procurador considera que la orden temporal de Hollander es "una historia ya conocida" y que implica a un tribunal emitiendo "una medida cautelar de amplio alcance sin la autoridad legal para hacerlo". Cabe señalar que la orden de Hollander está relacionada con la concesión a diez personas afiliadas al DOGE de acceso sin restricciones a registros de millones de estadounidenses en la Seguridad Social. La información contenida en esos registros incluye números de la Seguridad Social, historial médico y de salud mental personal, información fiscal y del permiso de conducir, datos de cuentas bancarias, historial de ingresos, domicilios particulares y laborales, registros de nacimiento y matrimonio y de inmigración o naturalización, entre otros. En tanto, los demandantes fueron la Federación Estadounidense de Profesores (AFT, por sus siglas en inglés), la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condados y Municipales (AFL-CIO) y la Alianza para Jubilados Estadounidenses (ARA) que consideraron que se concedió acceso a toda esa información sensible a personal sin preparación para la gestión de dichos datos privados.Ejército de EUA crea nueva zona militar en la frontera con México
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