En este artículo
… Cuando la Fiscalía General de la República informó que investigaría la explosión de un coche bomba en las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana, Michoacán, como terrorismo, la presidenta Claudia Sheinbaum lo negó e hizo un llamado al organismo a que explicará el motivo; el organismo, encabezado por su fiel excolaboradora, Ernestina Godoy, no solo no dio los argumentos, sino que reculó y reclasificó el delito a “delincuencia organizada”.
… Cuando le preguntaron sobre las declaraciones del secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez, acerca de que 18 de las 48 personas detenidas en los enfrentamientos que se suscitaron tras la detención y abatimiento de “El Mencho”, serían acusadas de terrorismo, de inmediato aseveró: “No, eso no es terrorismo (…) otra cosa es interrupción de vías de comunicación, daño a propiedad ajena, en fin. Hay otros delitos, pero no tiene nada que ver con terrorismo”.
… Cuando le preguntaron sobre si el derrame de petróleo en el Golfo había sido causado por Pemex, también lo negó: “Sí, hubo un derrame, como ustedes saben, de un barco (…) no es derrame de Pemex”.
… Cuando le preguntaron sobre el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU en el que concluyó que “la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”, también lo negó: “El crimen de lesa humanidad es otra cosa definida por Naciones Unidas”, respondió.
Cada vez resulta más evidente que el discurso de la presidenta está en “modo negación”, podría tratarse, como sostienen los psicólogos, de un mecanismo de defensa inconsciente para evitar realidades dolorosas o, en realidad, de una estrategia política premeditada para enfrentar las cada vez más frecuentes crisis en su gobierno.
Ante este informe sobre los desaparecidos, la mandataria recurrió a todo tipo de tácticas para evadir su responsabilidad: “Cuando uno lo lee, es evidente que tiene otra orientación, que es criticar al Gobierno de México”; también ha afirmado: que no se trata de un comité de Naciones Unidas, sino de expertos vinculados con el organismo; que el análisis se hizo a casos de cuatro estados de la República del 2009 al 2017 y que los resultados fueron extrapolados hasta el 2025; que el análisis sobre la “desaparición forzada” queda fuera de la caracterización de la ONU.
Sin embargo, la realidad acaba imponiéndose y el propio presidente del comité, Juan Pablo Albán, fue quien en X la develó puntualmente: 1. Los órganos de tratado sí forman parte del Sistema de las Naciones Unidas; son mecanismos creados por tratados internacionales adoptados en el seno de la ONU por los Estados miembros, y su función es supervisar su cumplimiento; 2. Los integrantes de los órganos creados en virtud de tratados son elegidos por los propios Estados partes, actúan con independencia, pero no al margen del Sistema de las Naciones Unidas; 3. El artículo 34 de la Convención es claro en el procedimiento: Cuando el Comité recibe información que contiene indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático, puede llevar urgentemente el asunto a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Secretario General; 4. El análisis del comité no se limitó a un periodo cerrado, la decisión adoptada examinó la evolución de la situación hasta la actualidad, con base en las interacciones sostenidas con nuestro país desde 2012 y que continúan a la fecha.
Y concluyó con una contundente frase: “El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable. Las diferencias jurídicas -e incluso políticas, aunque el asunto no debería politizarse- son comprensibles en el marco del diálogo internacional y la cooperación que debe existir”.
Así las cosas, Claudia Sheinbaum debe tomar consciencia de que la negación no le funcionará a largo plazo, porque si esta se torna crónica, le impedirá tomar las decisiones que conlleva su investidura, y aún le queda un largo trecho por andar… a menos de que una reflexión profunda la llevara a invocar el artículo 86 de la Constitución para renunciar al cargo, en cuyo caso, correspondería al Congreso de la Unión calificar si se trataría de una causa grave.
Ante lo descabellado que este escenario resulta, la presidenta está obligada a asumir una postura con altura de miras, como cuando finalmente reconoció que una servidora pública sí había asoleado sus piernas en la ventana de Palacio Nacional, y que la imagen no había sido producto de la inteligencia artificial.
Aceptar una posible intervención de la Asamblea General de las Naciones Unidas para, de la mano, llevar a cabo acciones de prevención, investigación, castigo y erradicación de las desapariciones forzadas en México, la enaltecería… y es lo menos que se merecen las miles de víctimas y sus familiares.