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El homicidio del creador de contenido César Gastélum en Sinaloa, durante una transmisión en vivo en redes sociales, fue un brutal y potente mensaje entre grupos criminales, pero también para la sociedad en general.
El gabinete federal de seguridad informó que, entre las líneas de investigación, están diversas publicaciones, en las que “en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo”.
El caso se suma a otros asesinatos de “influencers”, como el de Valeria Márquez, también durante una transmisión en vivo, en Jalisco. Según reportes periodísticos, 19 creadores de contenido han sido privados de la vida.
El tema, en el marco de la polémica y discusión por los “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias” sometidos a consulta pública por el gobierno federal, plantea un dilema serio para los medios de comunicación sobre el derecho a la información y la ética: ¿Difundir o no difundir el video?
En principio, fue un hecho noticioso de interés público que involucró a una “figura pública” (‘streamer’) y refleja la situación de inseguridad pública y violencia en el país. El periodismo está no solo obligado a visibilizar esta realidad, sino a documentarla y a dar seguimiento.
Pero, los medios de comunicación no pueden convertirse en voceros de criminales que buscan lanzar mensajes contundentes sobre su poderío para generar miedo entre sus adversarios y la población en general… y eso sucede cuando se muestra violencia explícita.
Tampoco puede hacerse apología de la violencia, ni afectar la dignidad de las víctimas y de sus familiares (revictimización), menos aún difundir imágenes por simple sensacionalismo.
¿Qué hay que hacer? Publicar la noticia y dar e investigar el contexto con el fin de que la violencia no sea normalizada.
El video que se hizo viral en redes. Sobre publicar imágenes violentas, la Fundación Gabo expone: “La ética nos invita siempre a analizar si se requiere publicar un video violento como parte del contexto de los hechos, si hacerlo vulnera derechos de alguna víctima, si hay o no un irrespeto a la dignidad humana. Cada caso amerita reflexión, pero no hay una respuesta definitiva que diga si es bueno o malo en sí mismo publicar videos de hechos violentos. A lo largo de la historia, es claro que imágenes duras y contundentes han puesto en evidencia la dimensión de un problema que costaba entender”.
Las Directrices Editoriales de la BBC señalan que debe existir una justificación editorial para difundir las imágenes y prohíben transmitir el momento de la muerte de una persona.
El Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, firmado por más de 700 medios de comunicación en 2011 -y satanizado por López Obrador, por considerar que fue un “pacto de silencio”- planteó criterios editoriales para evitar que la cobertura de la violencia sirviera a la delincuencia organizada para propagar el terror entre la población.
Entre los principios del acuerdo, estaban el tomar siempre una postura en contra, no convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada, no prejuzgar culpables, cuidar a las víctimas y a los menores de edad y dimensionar adecuadamente la información, entre otros aspectos.
Este último principio refería el deber de presentar la información “en su contexto correcto y en su justa medida”; referir el tamaño y la situación real del problema, exponer cómo afectaba a la sociedad y cómo se comparaba con lo que ocurría o había ocurrido en otras regiones y países; mostrar la información según su importancia, estableciendo criterios para determinar en qué posición debía ubicarse la información vinculada a la delincuencia organizada; y, establecer criterios precisos para difundir imágenes y fotografías de actos de violencia y terrorismo: cuándo y cómo debían publicarse, en qué espacios y cuántas veces, con la advertencia siempre al público sobre la difusión de imágenes explícitas.
Hoy, los citados lineamientos plantean “el deber de diligencia en la información noticiosa” por lo que los medios, “adoptarán las medidas necesarias para no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual”.
Si como se ha expuesto aquí, en información sobre la violencia -uno de los mayores problemas del país y que molesta al actual régimen por la presunta vinculación de actores políticos con el crimen-, un medio de comunicación difundiera cierto contenido por considerar que debe evidenciarse el tamaño del problema y alguien se quejara porque dice que la información es falsa o descontextualizada y vulnera sus derechos como audiencia, corre el riesgo de ser sancionado ¡hasta con el uno por ciento de sus ingresos acumulables!, si la persona quejosa o la defensora de las audiencias no quedara satisfecha con la respuesta a su inconformidad y acudiera a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (cuyos comisionados son nombrados por el Ejecutivo federal y ratificados por el Senado, lo que hoy significa hablar de incondicionales a la 4T), la cual además podría echarle encima a Gobernación, Salud, Educación Pública o cualquier otra autoridad.
… Así las cosas, el riesgo de la censura o autocensura es enorme.