Diputados presentan iniciativa contra corrupción inmobiliaria

Diputados presentaron una iniciativa para tipificar y sancionar la corrupción inmobiliaria en Querétaro, mediante reformas al Código Penal, Código Urbano y Ley del Notariado

Los diputados Homero Barrera Mcdonald, Ulises Gómez de la Rosa y Edgar Inzunza Ballesteros, junto con el diputado federal Luis Humberto Fernández Fuentes, presentaron una iniciativa de ley para combatir la corrupción inmobiliaria en Querétaro. La propuesta plantea reformas al Código Penal, Código Urbano y Ley del Notariado del estado. El diputado Homero Barrera explicó que la iniciativa recoge la esencia de una propuesta presentada previamente en el Congreso de la Unión y se adaptará al marco jurídico estatal. El objetivo es tipificar el delito de corrupción inmobiliaria y sancionar a servidores públicos y particulares que participen o toleren prácticas irregulares en la comercialización de inmuebles. Entre las medidas planteadas se establece la imposición de penas de seis meses a cinco años de prisión y multas de 90 a 300 días a quienes incurran en actos de corrupción inmobiliaria. Barrera Mcdonald subrayó que la intención es proteger a las familias que destinan su patrimonio a adquirir una vivienda y que, en ocasiones, no reciben respuesta de las inmobiliarias. Durante la presentación, el diputado federal Luis Humberto Fernández señaló que la corrupción inmobiliaria se manifiesta en colusiones entre servidores públicos y desarrolladores, afectando a ejidatarios y compradores. Consideró que esta iniciativa, ya presentada a nivel federal, debe replicarse a nivel local para fortalecer el marco legal en Querétaro. Fernández Fuentes aclaró que el proyecto no va en contra del sector inmobiliario, sino que busca proteger a quienes adquieren una vivienda y garantizar un mercado sin distorsiones. Afirmó que la mayoría de los desarrolladores han actuado de manera íntegra, pero aquellos que han abusado deben ser sancionados. La propuesta contempla la creación de un nuevo tipo penal específico para delitos de corrupción inmobiliaria y la modificación de figuras ya existentes, como el fraude y la responsabilidad de servidores públicos.

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