Lorena García Alcocer, diputada federal del PAN, rechazó la propuesta del titular del Infonavit para favorecer a personas que han invadido viviendas de trabajadores derechohabientes
La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Lorena García Alcocer, manifestó su rechazo a la propuesta anunciada por el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, que plantea permitir que personas que han invadido viviendas recuperadas por el Instituto puedan permanecer en ellas, arrendarlas o incluso adquirirlas.
Advirtió que esta propuesta, lejos de representar una medida de justicia social, constituye un incentivo a la ilegalidad, pues busca respaldar institucionalmente a personas que no tienen vínculo jurídico alguno con el Instituto y que han ocupado de manera irregular propiedades destinadas a trabajadores derechohabientes.
Señaló que resulta preocupante que esta iniciativa no haya sido discutida ni aprobada por la Asamblea General del Infonavit. Por lo tanto, cuestionó la legalidad y legitimidad de una medida anunciada de manera unilateral por el director general.
La legisladora federal panista enfatizó que no se puede permanecer en silencio ante decisiones que vulneran la ley, ponen en entredicho el respeto a la propiedad privada y desacreditan el esfuerzo de millones de trabajadores que sí han cumplido con los requisitos establecidos para acceder a una vivienda.
Lorena García Alcocer recordó que la Ley del Infonvit es clara al establecer que los recursos del Instituto deben destinarse exclusivamente a trabajadores que cotizan, y citó el artículo 51 que prohíbe tajantemente a la institución adjudicar inmuebles, por lo que cuestionó con qué fundamento legal se pretende entregar vivienda invadida a quienes no tienen derecho.
Para la diputada federal panista, esta propuesta representa un retroceso porque debilita el principio de legalidad, manda el mensaje equivocado de que invadir propiedades puede ser una vía válida para obtener una casa, y genera desconfianza sobre el uso correcto de los recursos del Instituto, que pertenecen a los trabajadores.
Reconoció que el país enfrenta importantes desafíos en materia de vivienda, pero advirtió que la solución no puede ser institucionalizar prácticas ilegales ni adaptar la ley a intereses políticos.
“Porque hacer lo correcto es cuidar lo que importa: la legalidad, el patrimonio y el esfuerzo de las familias mexicanas”, concluyó.
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