En este artículo
"No hay consecuencias para quienes calculan mal una obra pública", aseguró el diputado local de MC, Paul Ospital, tras señalar que el tren México-Querétaro registra un sobrecosto cercano al 20%, pese a solo tener 9% de avance
El diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Paul Ospital Carrera, señaló que el proyecto del Tren México–Querétaro registra un sobrecosto cercano al 20 por ciento, pese a contar con apenas 9 por ciento de avance, lo que, dijo, evidencia fallas en la planeación de obras públicas sin consecuencias legales.
Explicó que la obra fue anunciada con un costo inicial de 200 mil millones de pesos, pero actualmente asciende a 265 mil millones, es decir, un incremento de aproximadamente 65 mil millones de pesos, equivalente al presupuesto anual del estado de Querétaro.
“El problema no es solo el incremento, sino que no hay consecuencias para quienes calculan mal una obra pública”, afirmó el legislador.
Ospital Carrera sostuvo que, a diferencia del sector privado, donde errores en la proyección implican sanciones, demandas o la cancelación de contratos, en el ámbito público estos incrementos se han vuelto una práctica recurrente sin responsabilidad para funcionarios o empresas.
Indicó que en obras privadas los sobrecostos suelen mantenerse entre 10 y 15 por ciento, mientras que en proyectos federales los incrementos son mayores y constantes.
Como ejemplo, mencionó el Tren Maya, cuyo costo pasó de 120 mil a más de 500 mil millones de pesos, así como la Refinería Olmeca, que de 160 mil millones proyectados ya supera los 400 mil millones.
Además, cuestionó que no exista responsabilidad jurídica para funcionarios, contratistas o empresas involucradas en errores de cálculo, al considerar que se trata de un problema estructural en la ejecución de obra pública en México.
“Se equivocan por miles de millones de pesos y no pasa nada”, reiteró.
Finalmente, advirtió que la falta de sanciones fomenta el uso ineficiente de recursos públicos y complica la rendición de cuentas, especialmente en proyectos ejecutados por instancias con información reservada, como la Secretaría de la Defensa Nacional.