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El diputado local de Morena, Eric Silva Hernández, planteó crear un sistema obligatorio para monitorear en tiempo real los servicios de grúas y corralones en el estado de Querétaro
Legisladores del Congreso del Estado de Querétaro presentaron iniciativas por separado para modificar la Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público, con propuestas enfocadas en regular el servicio de grúas y corralones, transparentar tarifas y evitar cobros indebidos a usuarios.
El diputado morenista Eric Silva Hernández propuso crear un sistema digital obligatorio para registrar en tiempo real los servicios de arrastre, salvamento, guarda y depósito vehicular, así como establecer mayores controles sobre concesionarios y autoridades.
La iniciativa contempla la creación del Sistema Informático Estatal de Servicios Auxiliares de Transporte (SIESAT), una plataforma similar a la utilizada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a nivel federal. En ella se registrarían datos como distancia recorrida, duración del servicio y maniobras realizadas.
De acuerdo con el legislador, el objetivo es ordenar la prestación del servicio, transparentar tarifas y evitar cobros excesivos en grúas y corralones. También planteó que el sistema permita calcular montos máximos autorizados por arrastre, maniobras, banderazos y estancia diaria en depósito vehicular.
La propuesta incluye además la creación de un Consejo Ciudadano de Vigilancia y un padrón público de concesionarios autorizados, para que los usuarios puedan verificar si la grúa que presta el servicio opera legalmente.
Proponen evitar cobros tras infracciones anuladas
En una iniciativa distinta, Adriana Elisa Meza Argaluza, del PRI, propuso reformar el artículo 40 de la misma ley para que las personas no estén obligadas a pagar servicios de grúa o corralón cuando la infracción, multa o aseguramiento que originó el servicio haya sido revocado o declarado nulo por la autoridad competente.
La legisladora señaló que la propuesta busca fortalecer el acceso a la justicia y proteger la economía de las familias queretanas, al considerar que no debe mantenerse un cobro derivado de un acto que posteriormente fue invalidado.