Crisis por la Covid-19 propició el ingreso de miles de adolescentes al mercado laboral

El número de adolescentes que trabaja en México ha vuelto subir, la cantidad es mayor que la que se tenía antes de la emergencia sanitaria por la covid-19. Según la Encuesta Nacional de Ocupación (ENOE), para finales de junio de este año había 113,583 más en el mercado laboral que en el primer trimestre de 2020, con lo que ya superan los 3.2 millones; 69% es hombre y 31%, mujer. El año pasado lo iniciamos con 3.1 millones de personas de entre 15 y 19 años en una ocupación. Parecía un buen comienzo pues el trimestre anterior, de octubre a diciembre de 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) había identificado a más de 3.2 millones desempeñando alguna actividad económica. El aumento en el trabajo adolescente a causa de la pandemia se veía venir. Lo dicen en entrevista por separado Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), y Janina Cuevas, Oficial Nacional de Educación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). La pérdida del empleo de las personas adultas, el incremento de la pobreza y el cierre de escuelas debido al confinamiento se han aliado para dar este resultado. En México, la edad mínima legal para comenzar a trabajar es de 15 años, pero en esa etapa muchas y muchos adolescentes están terminado la secundaria o ingresando a la educación media superior. Es difícil recuperar a la población adolescente que abandonó sus estudios para dedicarse de lleno al trabajo, advierten ambas defensoras de los derechos de la niñez y la adolescencia. “Quienes se fueron de la escuela por la pandemia, o incluso antes, no tienen muchas probabilidades de regresar porque están recibiendo un salario, precario, pero salario. Es lamentable porque adelantan su transición al mercado laboral y se colocan en empleos informales, con mucha vulnerabilidad”, dice Janina Cuevas. El 73% de las personas trabajadores de este rango de edad gana hasta dos salarios mínimos, según la ENOE. Y viendo de cerca sus ingresos, a casi el 40% de los más de 3 millones 214,000 adolescentes que trabajan le pagan menos de un salario mínimo. Al menos al 86% sus empleadores no les proveen de acceso a una institución de salud, por lo que se encuentran en la informalidad.

Radiografía del trabajo adolescente

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que, de no regresar a clases, la actual generación tendrá pérdidas salariales acumuladas a lo largo de su vida laboral por más de 3.8 billones de pesos. La crisis económica por la emergencia sanitaria ha provocado que muchas familias “tengan que echar mano de los recursos disponibles para su supervivencia, y el trabajo infantil y adolescente es uno de ellos. No debería ser así”, dice Tania Ramírez. Pero si carecen de lo más básico, como la alimentación, sus opciones van disminuyendo, dice. De 2018 a 2020, la población en situación de pobreza pasó de 41.9 a 43.9%, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Una proyección de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que por cada punto porcentual de incremento en la pobreza, aumenta 0.7% la población de niñas, niños y adolescentes trabajando. No se puede criminalizar a las familias de este fenómeno, cuando el Estado las ha excluido por años y el sector económico les provee de empleos precarios, agrega la activista. La población de entre 15 y 19 años de edad que participa en el mercado laboral permanece, por lo menos desde 2013, por arriba de 3 millones de personas. El pico se registró en el tercer trimestre de 2019, cuando se registró la participación de más de 3.4 millones. Para el cuarto trimestre de ese año bajó a 3.2 millones, y de enero a marzo de 2020, hasta 3.1 millones. Después de marzo siguió la caída, como en todo el empleo una vez que se suspendieron actividades económicas no esenciales por la pandemia. Todavía durante el primer trimestre de 2021 había 2.8 millones de personas en dicho rango de edad con una ocupación. Sin embargo, entre abril y junio de este año, más de 317,000 adolescentes se incorporaron al mercado laboral, el mayor aumento proporcional entre todos los grupos de edad que mide la ENOE. Jalisco es la entidad en la que hay más adolescentes trabajando, con más de 257,000. En segundo lugar está Puebla, donde hay más de 236,000, y en tercer sitio se ubica Guanajuato, superando los 203,000. Las tres principales actividades a las que se dedican son:

• Industriales, artesanías y ayudantes
• Comercio
• Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca

Deserción escolar y peligro de deserción

El cierre de escuelas ha sido un factor “absolutamente determinante” en el incremento del trabajo adolescente, dice Tania Ramírez. Una parte de las y los estudiantes está en riesgo de desertar y otra ya lo hizo, para lo cual habrá que abordar el problema de manera diferenciada, señala Janine Cuevas. De acuerdo con la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020, más de 3 millones de niñas, niños y adolescentes de preescolar, primaria y secundaria ya no se inscribieron al ciclo escolar 202-2021. Quienes dejan la escuela para dedicarse a un trabajo quedan con un rezago educativo, comenta la oficial de Educación de Unicef. Al salir al mercado laboral pierden la oportunidad de tener conocimientos académicos, pero también otro tipo de habilidades analíticas, agrega. En ese escenario se vuelve complicado volver a la escuela, porque ya no están ni siquiera al nivel en el que se quedaron. “En esos casos hay que hacer trabajo con la familia, crear modelos alternativos de educación, como la prepa en línea o a distancia, flexibilizar los requisitos para su reingreso y proveerles de capacitación para el trabajo”. La responsabilidad no es sólo de las autoridades educativas, señala, sino también del sector privado que ocupa su fuerza laboral. El próximo 30 de agosto miles de niñas, niños y adolescentes volverán a sus escuelas. Muchas y muchos, a pesar de que se han inscrito corren el riesgo de desertar por las condiciones económicas en las que siguen sus familias y también por el rezago educativo que les provocó la virtualidad. Será importante que la Secretaría de Educación Pública (SEP) implemente “un sistema de alertas tempranas para detectar riesgos de deserción”, señala la representante de la Unicef. Por ejemplo, si están reprobando, si no acuden algunos días. “Antes de que dejen la escuela y no regresen, acudir con padres, proveerles de tutorías si tienen problemas con las calificaciones y tener claro por qué están faltando”. Y por supuesto, mejorar la calidad educativa. El gobierno federal ha hecho un gran esfuerzo otorgando becas a estudiantes para que no dejen la escuela por tener que trabajar. “Pero no es sólo dar, hay que compensar las brechas educativas. Por más que les des dinero, si no sabe leer o contar no va a progresar en su trayectoria educativa”, apunta. El dinero es un factor determinante para dejar la escuela y ponerse a trabajar, pero la calidad educativa, sentir que no aprenden, contribuye mucho, dice. La Unicef en México está acompañando al gobierno mexicano en el regreso a clases. Uno de los frentes de apoyo, es la información veraz “tomando evidencias internacionales. Sólo 19 países no han reiniciado, entre ellos México”. En donde ya se abrieron las escuelas no ha habido un rebrote o un peligro para niñas, niños y adolescentes. En los próximos meses seguirá un monitoreo, detalla Janina Cuevas, pues no es sólo regresar. “Será una larga etapa de aprendizaje para la SEP, la sociedad y organismos como Unicef porque cada contexto es diferente”.