NACIONAL

Liberación de militares, “daño inconmensurable” al Caso Ayotzinapa: Segob

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El Gobierno de México acusó al Poder Judicial de la Federación por actuar con intenciones políticas al haber ordenado la liberación de 8 militares relacionados con el Caso Ayotzinapa

Después de que una jueza federal ordenara la liberación de ocho soldados del Ejército Mexicano presuntamente implicados en el Caso Ayotzinapa, la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que dicha decisión judicial ha causado “un daño inconmensurable” a la investigación. La dependencia federal acusó al Poder Judicial de la Federación por no actuar para hacer justicia ni encontrar la verdad; además, aseguró que solamente se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas. “Ahora, sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el Caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y, de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado Mexicano”, enfatizó,. En un comunicado, agregó que el Poder Judicial de la Federación busca que no se conozca la verdad los hechos, para -aseveró- perjudicar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “por razones estrictamente políticas”.

Crítica al Poder Judicial

“Una vez más, el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados”, puntualizó. La Segob también reclamó el intento de liberar al exprocurador general de la República, Jesus Murillo Karam, quien fue el autor de la llamada “verdad histórica” del Caso Ayotzinapa. “Para el Gobierno de México, el Caso Ayotzinapa es un asunto de Estado. Vamos a pedir a la Fiscalía General de la República (FGR) que solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza federal a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado”, añadió.

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