Con 81 votos a favor y 40 en contra, los legisladores aprobaron las iniciativas que establecen las reglas de selección de candidatos y votación de jueces, magistrados y ministros
El Senado de México aprobó este jueves las leyes secundarias de la reforma judicial, enviadas por la
presidenta, Claudia Sheinbaum, para definir las reglas y procesos para la primera elección popular del poder Judicial, el 1 de junio de 2025.
Con 81 votos a favor y 40 en contra, los legisladores aprobaron las iniciativas que establecen las reglas de selección de candidatos, las campañas y la votación de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El dictamen reforma 69 artículos de dos leyes reglamentarias, la “Ley general de instituciones procedimientos electorales” y la “Ley general del sistema medios de impugnación en materia electoral”.
El lunes 7 de octubre, Sheinbaum envió la propuesta al Legislativo, tras la promulgación el 15 de septiembre de la reforma constitucional al poder Judicial que instaurará comicios populares para elegir a todos los jueces, pero faltaban leyes secundarias para definir el proceso y la selección de candidaturas.
La iniciativa señala que los mexicanos tendrán una elección extraordinaria el 1 de junio de 2025 para seleccionar al 50 por ciento de los jueces y magistrados federales, algunos jueces estatales, las vacantes del Tribunal Electoral, a todos los ministros de la Suprema Corte y a todos los miembros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Discusión larga
La discusión en el Senado se extendió por más de ocho horas, destacando las intervenciones de la oposición para mostrar su postura en contra de la reforma judicial aprobada en septiembre.
La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Partido Acción Nacional (PAN), pidió una “moción suspensiva” de la reforma inicial, que, dijo, contiene “diversas contradicciones, errores y desconocimiento del texto constitucional al que pretenden reglamentar”.
Mientras que la senadora Paloma Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró que con esta reforma “no habrá espacio para la disidencia” y que “si un juez no resuelve como quieren, simplemente será procesado por el tribunal de disciplina judicial”.