El Senado ratificó el Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas; con esta aprobación, México deberá registrar la ratificación ante la Dirección General de la OIT, y su aplicación entrará en vigor 12 meses después de dicho depósito
Este miércoles, el Senado de la República aprobó por unanimidad la ratificación del Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector.
En tribuna, la senadora Lorena Ivette Valles Sanpedro, presidenta de la Comisión de Minería, destacó que la industria minera emplea a más de 416 mil personas, y aseguró que alinear la legislación con los estándares internacionales es necesario para garantizar "el bienestar de los trabajadores mineros y sus comunidades".
De acuerdo con información de la OIT, la labor minera está clasificada como una actividad de alto riesgo, aunque solo el 1 por ciento de la población se dedica a ello, pero el desempeño de estos servicios concentra hasta el 8 por ciento de los accidentes mortales por motivos laborales a nivel mundial.
Con la ratificación de este instrumento se busca armonizar la legislación laboral mexicana con la normativa internacional adoptada hace ya 30 años en Ginebra, Suiza. En tanto, la Ley Federal del Trabajo (LFT) y normas oficiales como la NOM-023 ya regulan la minería. Mientras que el Convenio 176 se amplía y contempla emplazamientos subterráneos o de superficie donde se manejen minerales, excepto gas y petróleo, así como la maquinaria, equipos, instalaciones y obras de ingeniería civil que utilizadas en el proceso.
Por su parte, el senador Marko Cortés, presidente de la Comisión de Organismos Internacionales, dijo que "la ratificación no contradice la legislación actual, más bien, viene a complementarla", pero aún "hay temas qué adecuar".
Con la aprobación en el Pleno, México deberá registrar la ratificación ante la Dirección General de la OIT, y su aplicación entrará en vigor 12 meses después de dicho depósito, periodo en el cual se deberán hacer ajustes legislativos.
Además, el Estado miembro deberá "formular, aplicar y revisar periódicamente una política nacional" alineada con las disposiciones de la normativa internacional, línea que la LFT deberá acompañar de medidas que garanticen la aplicación del mecanismo a través de normas técnicas, directrices y repertorios de recomendaciones prácticas. Mientras que las empresas mineras deberán ajustar sus contratos y protocolos de seguridad con políticas más estrictas acorde a los nuevos requerimientos.
También el Convenio establece como responsabilidad patronal la eliminación de riesgos, controlarlos en su fuente, reducirlos al mínimo a través de métodos de trabajo seguros y prever la utilización de equipos de protección personal en tanto perdure la situación de riesgo, en ese orden de prioridad. En tanto, los trabajadores mineros tendrán derecho a notificar y recibir alertas sobre accidentes o incidentes, obtener información transparente sobre su salud y recurrir a consejeros o expertos independientes.
Con información de: El Economista
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