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En ocho años, México redujo su cobertura del derecho a la salud casi 19 puntos. Al corte del 2024 se observó que 34 por ciento de la población presenta carencia por acceso a servicios médicos
En los últimos ocho años, México ha registrado un retroceso importante en el acceso a la salud de su población. En contraste, el acceso a la seguridad social sí ha logrado avanzar en estos años, pero con importantes desigualdades regionales y de género.
En términos de salud, se observó que la población con acceso efectivo a este derecho cayó cerca de 19 puntos en este periodo, de acuerdo con cifras del Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Mientras en 2016 México tenía a 84 de cada 100 personas con cobertura médica, para 2024 este nivel cayó a sólo 66 de cada 100 habitantes. Lo que implica que, según el dato más reciente disponible, un 34 por ciento de los mexicanos no tiene acceso efectivo a servicios médicos públicos ni privados.
En contraste con el retroceso en salud, el acceso a la seguridad social mostró una mejoría de casi seis puntos porcentuales. En 2016 el acceso efectivo a este derecho era de 45.9 por ciento, mientras que para 2024 esta cifra creció a 51.8 por ciento.
Pese a este importante avance, los retos son grandes debido a que sólo la mitad de los mexicanos están afiliados a alguna institución de seguridad social, como el IMSS o el ISSSTE.
Los resultados, además, muestran importantes brechas regionales y de género, que reflejan un impacto diverso entre grupos poblacionales.
Brechas regionales
En materia de salud, a nivel estatal las diferencias son marcadas: la cobertura de este derecho es del doble en algunos estados del norte en comparación con algunos estados del sureste mexicano.
En 2024, Nuevo León y Baja California Sur concentraron los porcentajes más altos de población sin carencia por acceso a salud, con niveles iguales o superiores a 80 por ciento. Chiapas registró el nivel más bajo del país: apenas 36.7 por ciento de su población no presentó esta carencia.
En términos de accesibilidad geográfica, 93.3 por ciento de la población reportó que tardaría menos de dos horas en llegar a un hospital ante una emergencia, cifra similar a la de 2016 (93.9 por ciento).
Sin embargo, persisten rezagos en el sur del país. Oaxaca presentó el porcentaje más bajo (75.2 por ciento), mientras que Chiapas y Guerrero oscilaron entre 81.1 y 86.0 por ciento, reflejando barreras asociadas a condiciones orográficas e infraestructura.
Por su parte, en materia de seguridad social se observa que la cobertura es muy desigual entre entidades. En los estados sureños Chiapas, Oaxaca y Guerrero apenas uno de cada cuatro habitantes tienen acceso a seguridad social, mientras que en entidades del norte como Coahuila, Nuevo León y Baja California Sur esta cifra supera el umbral de 71.4 por ciento de población.
Entre las personas adultas mayores no económicamente activas, el acceso a pensiones no contributivas aumentó.
En 2024, 40.1 por ciento de la población de 60 años y más en esta condición recibió una pensión, frente a 32.6 por ciento en 2016. Oaxaca, Chiapas y Guerrero reportaron coberturas iguales o superiores a 55.1 por ciento, los niveles más altos del país.
Brechas de género
El componente de brechas de desigualdad revela disparidades persistentes entre mujeres y hombres, particularmente en indicadores vinculados a seguridad social.
En 2024, 51.8 por ciento de las mujeres de 15 años o más participó en el mercado laboral, frente a 79.2 por ciento de los hombres, lo que implica una brecha de 27.3 puntos porcentuales. Aunque la diferencia se redujo respecto a 2016 (30.8 puntos), sigue siendo amplia.
La maternidad acentúa la desigualdad. Entre mujeres de 25 a 44 años, 63.3 por ciento de quienes tienen hijas o hijos participó en el mercado laboral, contra 81.3 por ciento de aquellas sin descendencia, una brecha de 18 puntos porcentuales prácticamente sin cambios en ocho años.
La situación es más crítica entre mujeres indígenas adultas mayores en el ámbito rural: 96.7 por ciento nunca ha cotizado en una institución de seguridad social. La diferencia respecto a mujeres no indígenas urbanas alcanza 39 puntos porcentuales, una brecha mayor a la registrada en 2016.
El SIDS, alineado al Enfoque Basado en Derechos Humanos, mide no sólo carencias, sino el grado en que el Estado garantiza condiciones de disponibilidad, accesibilidad y calidad en derechos sociales clave como salud y seguridad social. También identifica brechas estructurales entre grupos poblacionales.