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Por ser "tendencioso" y omitir avances contra desapariciones forzadas desde 2018, el Gobierno de México rechaza informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU
El Gobierno de México, a través de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores rechaza el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU por ser "tendencioso" y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el gobierno mexicano.
En un comunicado conjunto entre las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, menciona que el procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar, lo que “no corresponde a la realidad del México actual”.
Indica que "si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 –administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada". Menciona que se omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, por ello, sostiene: "Lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución".
Agrega que el propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión. "Dichos señalamientos reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores", añade.
"Es de resaltar la falta de rigor jurídico en la argumentación del CED, así como la ligereza de sus premisas —incluyendo su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, agravada por conflictos de interés de algunos de sus integrantes; en específico, existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano", señala.
Ante ello, el Gobierno de México "no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas". Al tiempo que, dijo, la administración ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, "para atender este flagelo" y afirmó que en julio de 2025 se aprobaron reformas sustanciales a la ley, lo cual, según el gobierno mexicano el CED no consideró y se tratan de:
- La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
- La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte.
- La Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- La Plataforma Única de Identidad.
- La obligación de fiscalías especializadas estatales.
- El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
- El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.
- La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación.
- La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR.
- La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.
"México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual", asevera el texto, al momento que reafirma su compromiso con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias.