El Gobierno de China anunció que iniciará una investigación sobre la aplicación de aranceles y otras medidas restrictivas comerciales por parte de México
El Ministerio de Comercio de China anunció la apertura de una investigación formal sobre las "medidas restrictivas" que el Gobierno de México planea aplicar en materia de comercio e inversión, incluidas las alzas arancelarias a productos provenientes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio, como el Gigante Asiático.
Según indicó este jueves la institución, la investigación -efectiva desde hoy- analizará tanto la propuesta mexicana de elevar gravámenes a mil 463 fracciones arancelarias como otras restricciones impuestas en los últimos años contra bienes y capitales chinos.
El procedimiento se ampara en la Ley de Comercio Exterior del país y en las normas que regulan las pesquisas sobre barreras al comercio exterior.
La administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, incluyó en el Paquete Económico 2026 la aplicación de los aranceles máximos permitidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC) a sectores estratégicos como automóviles, autopartes, acero, plásticos, textiles, calzado o juguetes.
La medida, que aún requiere aprobación legislativa, cubriría importaciones valoradas en unos 52 mil millones de dólares, equivalentes a 8.6 por ciento del total nacional.
Un portavoz del Ministerio de Comercio advirtió que, de concretarse, los incrementos arancelarios “no solo dañarían los intereses de los socios comerciales de México, incluida China, sino que afectarían gravemente la certidumbre de su propio entorno de negocios, minando la confianza de las empresas extranjeras para invertir en el país”.
El Gobierno de China subrayó asimismo que, en un contexto internacional marcado por el uso de gravámenes por parte de Estados Unidos, “los países deben oponerse conjuntamente al unilateralismo y al proteccionismo, y no sacrificar los intereses de terceros bajo la coerción de otros”.
La investigación tendrá una duración inicial de seis meses, prorrogable hasta un máximo de nueve en caso de circunstancias excepcionales.
Durante ese periodo, Pekín podrá recabar información mediante cuestionarios, audiencias e inspecciones, y las partes interesadas dispondrán de 20 días para presentar sus observaciones iniciales.
Con esta decisión, el Gigante Asiático busca “salvaguardar con firmeza los derechos e intereses legítimos de sus industrias”, concluyó el comunicado.
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