La policía de Brasil inició una investigación contra dos legisladores aliados del expresidente Jair Bolsonario; son señalados por presunta malversación de fondos parlamentarios
Este viernes, la policía brasileña inició una investigación contra dos importantes aliados del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en el Congreso, sospechosos de malversación de fondos parlamentarios, según un documento judicial.
Un juez de la corte suprema ordenó siete allanamientos en relación con la investigación, entre ellos en los domicilios de Sóstenes Cavalcante, líder del bolsonarismo en la Cámara de Diputados, y de Carlos Jordy, otro legislador afín al exmandatario ultraderechista.
Los dos diputados y otras cinco personas de su entorno son investigados por un posible "desvío y posterior ocultación de recursos públicos", de acuerdo con un comunicado policial.
Los recursos provienen de la asignación mensual que cada diputado recibe para gastos vinculados a su mandato, y en este caso el dinero habría sido malversado a través de falsos contratos de alquiler de autos, de acuerdo con los investigadores.
En tanto, una fuente judicial dijo que tras los allanamientos en Rio de Janeiro y Brasilia, la policía encontró al menos 70 mil dólares en un domicilio ligado a Cavalcante, del Partido Liberal de Bolsonaro.
"Es dinero lícito, vendí un inmueble y cobré en efectivo", se excusó Cavalcante ante la prensa, y aseguró que "con el apuro del trabajo terminé sin hacer el depósito (bancario)".
Esta investigación se había iniciado con otro operativo en diciembre de 2024, por los posibles delitos de peculado, lavado de dinero y organización criminal.
Cabe recordar que Bolsonaro está preso desde noviembre en una dependencia policial de Brasilia tras ser condenado a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado en 2022, cuando buscó impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva.
De mayoría conservadora, el Congreso aprobó esta semana una ley que favorece a Bolsonaro con una rebaja de pena efectiva, que podría quedar en algo más de dos años. Sin embargo, Lula anunció que vetará la ley, aunque el Congreso puede oponerse a la decisión presidencial y volver a impulsarla.
Con información de: El Economista
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