También de esto hay que hablar…
¡Qué tiempos aquellos en los que en Querétaro se podía entrevistar con libertad a autoridades de todos los niveles, ya fuera en una oficina o en la banqueta, a pesar de uno que otro reventador que intervenía en el momento de la pregunta incómoda!
Hoy, los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno ─incluso de organismos constitucionales autónomos─ no quieren, o no se les permite, hablar; quizá porque no están preparados para responder a los cuestionamientos, o simplemente porque no les gusta tratar con periodistas… sí, muchos de ellos y de ellas irrespetuosos, desafiantes… y otros tantos confundidos y desinformados; pero todos, con el derecho constitucional de manifestar libremente sus ideas, sin ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo que se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público… todos, con la libertad que otorga la carta magna para difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.
¡Qué tiempos aquellos en los que se solicitaba a las oficinas de comunicación social ─o directamente a los funcionarios públicos─ una entrevista o información sobre un determinado tema o para un seguimiento periodístico; y, sin mayores obstáculos, obtenías lo que buscabas! Hoy, una petición puede quedarse “en visto” per sæcula sæculorum; sin importar que la Constitución también consigne que “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
Hoy, el derecho a la información ha sido reducido a formar parte de un grupo de Whatsapp por el cual las oficinas de prensa hacen llegar comunicados, fotografías y videos; grupos en los que ─por cierto─ los periodistas no tienen voz, ya que solo los administradores pueden enviar mensajes.
En este contexto, el recurrir a las unidades de transparencia y acceso a la información para obtener la información requerida no siempre es viable; salvo que se trate de una investigación periodística en la que haya más tiempo ─y suponiendo que la respuesta fuera en sentido positivo─; ya que la mayor parte de las veces, las reacciones a los temas de actualidad no pueden esperar a los plazos marcados en la ley; so riesgo de publicar no una noticia, sino ¡una efeméride!
Adicionalmente, la pandemia de Covid-19 se convirtió en el pretexto perfecto para que la mayor parte de los eventos, los más importantes, o donde más nota saldría, fueran cerrados… y lo sigan siendo; es decir, hoy, prácticamente no se permite el acceso a la prensa, como en el pasado; y esta debe conformarse con boletines plagados de adjetivos calificativos y esloganes que representan una visión parcial del suceso. En algunos casos, para “compensar” lo anterior, y con el fin de que los reporteros puedan sacar aunque sea la “cuota” de notas de día, los jefes de prensa “facilitan” entrevistas con autoridades de segundo o tercer nivel sobre temas de menor importancia… limosnas, pues, migajas de información.
Hoy, se han institucionalizado malas prácticas en las áreas de prensa de las instituciones públicas, como el mandar audios con posturas de funcionarios sobre determinados asuntos, como para quitarse a los reporteros de encima y que publiquen únicamente lo que ellos deseen; con lo que niegan la posibilidad de legítimamente hacer preguntas.
Hoy, los medios reproducen la misma información… la versión oficial, la que conviene; y, además, hay privilegiados (los “cuates”) que sí obtienen entrevistas exclusivas o a quienes se filtra la agenda cerrada de los servidores públicos de primer nivel, vaya usted a saber bajo qué parámetros… pero no siempre con base en su profesionalismo.
Obtener información representa un camino tortuoso y la actividad periodística se ha devaluado en la entidad… y de esta realidad, ¡también hay que hablar!