Algo muy delicado está sucediendo en el país en materia de libertad de expresión y de prensa, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum asegure que “hay la mayor libertad de expresión de la historia” y que “no se censura a nadie”.
“Hablan de que se acabó la República, que hay antidemocracia, que el gobierno censura, ahora todos traen ‘censura, censura’”, dijo la semana pasada, visiblemente molesta.
Sin embargo, los hechos hablan por sí mismos. Recordemos, por ejemplo, la disculpa pública que un ciudadano tuvo que ofrecer al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, tras haber sido denunciado penalmente por haber afectado la “dignidad” del legislador, durante un incidente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El senador dijo claramente que lo hizo para que “todo mundo tome nota”.
Y ahí están las situaciones que, tan solo de mayo a la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado y reportado en comunicados o alertas y que a continuación enlistaré:
Aprobación en el Congreso de Michoacán de una reforma al Código Penal para sancionar la “apología del delito”, cuya redacción es ambigua y amenaza los derechos humanos pues se incurre en este, con tan solo hacer alusión, por cualquier medio, a personas o grupos delictivos.
Iniciativas con definiciones poco claras y alejadas de los estándares internacionales presentadas en el Congreso de Sinaloa sobre “Violencia Digital”, las cuales fueron retiradas, pero que de haber sido aprobadas habrían violentado la libertad de expresión y el derecho a la información a través del uso de tecnologías.
Intimidación y bloqueo informativo por parte del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora y de otros servidores públicos de la misma institución, en contra de un periodista, conductor de radio, durante la cobertura de las elecciones del Poder Judicial Federal y Local, cuyo espacio informativo fue clausurado.
Imposición de medidas cautelares por parte del Tribunal Electoral de Veracruz a periodistas y medios de comunicación.
Amenazas del presidente municipal de Cazones, Veracruz, a un periodista, director de un medio de comunicación, por publicar información de interés público sobre su administración.
Iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum enviada al Congreso de la Unión para expedir la Ley de la Guardia Nacional y reformar leyes secundarias en la materia, para legalizar la vigilancia de las comunicaciones por parte del Ejército, práctica que según ha sido documentada, se ha llevado a cabo en contra de periodistas, defensoras de derechos humanos, investigadores e incluso funcionarios públicos.
Aprobación en Puebla del delito de ciberasedio, tipificación que puede ser usada en forma arbitraria contra periodistas y medios de comunicación.
Privación de la libertad en Playa del Carmen, Quintana Roo, del director de un medio digital, quien fue agredido y amenazado mientras se dirigía a una casilla electoral durante las elecciones judiciales para que dejara de publicar sobre el alcalde de Puerto Aventuras.
El acoso judicial a la periodista Lourdes Mendoza, quien, desde enero de 2025, fue notificada de una demanda de daño moral por sus publicaciones en medios digitales, interpuesta por el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.
Los procesos civiles y uno penal en contra de Hernán Gómez, periodista y autor de los libros “Traición en Palacio: El negocio de la justicia en la 4T” y “El ministro del poder: Un infiltrado en la 4T”; así como de la editorial Penguin Random House.
La imposición de medidas inconstitucionales que contravienen principios y estándares de derechos humanos en materia de libertad de expresión por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de particulares, medios virtuales y el medio Sin Embargo al resolver un caso donde la candidata a ministra, Magda Zulema Mosri, alegó violencia política de género, provocando censura a información de interés público en el contexto electoral.
La imposición de medidas cautelares consistentes en censura previa en contra de Héctor de Mauleón y de El Universal, por parte del Instituto Electoral de Tamaulipas, por publicar sobre el huachicol y el poder Judicial en esa entidad.
Las amenazas a la directora general del semanario ZETA, en Tijuana, tras publicar una investigación sobre el ocultamiento de información por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), en torno a una narcofosa y revelaciones sobre presuntos vínculos de corrupción en el gobierno estatal.
La vinculación a proceso del exdirector del diario Tribuna, a quien una jueza prohibió ejercer el periodismo por “incitar al odio y la violencia en contra de Layda Sansores, gobernadora de Campeche”, y determinó que pagara dos millones de pesos al director de comunicación social del gobierno estatal por presunto daño moral.
¿Así las cosas , “ya tomó nota” usted de lo que sucederá si su voz resulta crítica?
¡Ni mentira, ni mala interpretación!
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