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Braulio Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, precisó que las órdenes de aprehensión fueron emitidas por la sala penal
El Poder Judicial de Querétaro giró 40 órdenes de aprehensión por el presunto delito de fraude en la operación de una caja popular que afectó a ahorradores de los municipios de Huimilpan y Pedro Escobedo, informó el magistrado Braulio Guerra Urbiola, presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Del total de órdenes judiciales, 12 ya fueron cumplimentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro mediante cateos realizados el 6 de enero, mientras que 28 personas más permanecen como presuntos implicados dentro de la misma investigación penal.
Guerra Urbiola detalló que actualmente se desarrollan las audiencias iniciales de los casos de presunta defraudación y precisó que las órdenes de aprehensión fueron emitidas por la sala penal, tras las solicitudes presentadas por la FGE. Indicó que se trata de un proceso en curso y que el caso continúa avanzando conforme a los tiempos judiciales.
El magistrado explicó que, de acreditarse la responsabilidad penal, la sentencia deberá incluir la reparación del daño, lo que implica el resarcimiento económico a las personas que se consideran ofendidas. Señaló que el Poder Judicial ha mantenido comunicación con los afectados y que se dio trámite a lo solicitado por la Fiscalía.
El fraude está relacionado con la Caja Integradora Independencia, Sociedad Cooperativa de Consumo de Bienes y Servicios, la cual acumula alrededor de 200 denuncias presentadas ante la FGE desde 2020. De acuerdo con testimonios de los ahorradores, la caja popular se declaró presuntamente en quiebra entre 2019 y 2020, dejando sin recursos a decenas de personas, principalmente adultos mayores.
Finalmente, Guerra Urbiola informó que ante el aumento en las solicitudes de cateo, el Poder Judicial trabaja en un proyecto para abrir juzgados penales especializados en cateos y actos de investigación durante 2026, con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional y atender el volumen de requerimientos que enfrenta la FGE.
