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El abogado Gabriel Ballesteros Martínez dijo que debe requerirse al municipio de Querétaro la entrega de los expedientes completos relacionados con la desincorporación y subasta de doce predios
La suspensión de la venta de 12 predios del municipio de Querétaro, no es suficiente. Es necesario iniciar una investigación formal, e indagar el origen jurídico de los terrenos, afirmó el abogado Gabriel Ballesteros Martínez.
"En este momento, el acto es vigente en sus efectos y una declaración política no cesa sus efectos ni las responsabilidades de aquellos que lo votaron a favor, ni de los que lo configuraron creando dictámenes y opiniones técnicas parciales, se deben considerar aspectos legales completos", dijo en un comunicado.
Además, cuestionó la omisión en que incurre el IMPLAN (Instituto Municipal de Planificación), que lamentablemente, dijo, “es una institución burocrática de papel que debería transformarse o refundarse”.
Luego de haber presentado una denuncia popular para frenar subasta de predios municipales en Querétaro el pasado 7 de julio, lo que junto con protestas públicas de ambientalistas, derivó en la suspensión, Ballesteros Martínez dijo que debe requerirse al municipio de Querétaro la entrega de los expedientes completos relacionados con la desincorporación y subasta de los doce predios, incluidos avalúos, dictámenes técnicos y antecedentes registrales.
Asimismo, investigar el origen jurídico de los inmuebles, la legalidad de los avalúos y el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación estatal; y, de acreditarse posibles irregularidades, “dar vista a las autoridades fiscalizadoras y de procuración de justicia para el deslinde de responsabilidades administrativas, resarcitorias o penales”.
Además, Gabriel Ballesteros solicita participar como coadyuvante durante todo el procedimiento y ser informado del desarrollo de la investigación.
La denuncia, presentada ante la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (PEPMADU), señala que el acuerdo de cabildo, aprobado el pasado 26 de mayo de 2026, podría carecer de una debida fundamentación y motivación, además de contravenir disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y principios constitucionales relacionados con la protección del patrimonio público, el desarrollo urbano sustentable y el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente adecuado.
La denuncia argumenta que los bienes inmuebles municipales cumplen una función estratégica para el desarrollo ordenado de la ciudad y que cualquier decisión sobre su destino debe sujetarse estrictamente al marco constitucional y legal, privilegiando el interés público, la transparencia y la protección del patrimonio colectivo.