Este martes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó cambios a la ley para establecer el delito de feminicidio en grado de tentativa y así permitir la prisión preventiva oficiosa de los responsables
En el marco de la crisis de
violencia feminicida y de
desapariciones por la que atraviesa el país, este martes,
el pleno de la Cámara de Diputados aprobó cambios a la ley para establecer el delito de feminicidio en grado de tentativa y así permitir la
prisión preventiva oficiosa de los responsables.
El dictamen, que reforma diversas disposiciones del
Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal, en materia de sanción del
feminicidio en grado de tentativa, fue avalado con 453 votos a favor, 24 abstenciones de los diputados de Movimiento Ciudadano y cero votos en contra. Se envió al Senado de la República.
El documento también establece las
causales de procedencia del feminicidio en grado de tentativa, con penas que van entre 30 y 40 años de prisión; además de estipular prisión preventiva oficiosa para estos casos.
Asimismo, se añade que
las personas sentenciadas por los delitos de feminicidio o en caso de tentativa punible, no podrán buscar la libertad condicional ni libertad anticipada y no procederá la sustitución de pena por delitos en materia feminicidio consumado o en grado de tentativa punible.
En tanto, el pleno aprobó modificar el dictamen para dejar sólo el término —
feminicidio— y eliminar la palabra —
consumado—; y agregar el concepto de en grado de tentativa punible.
Derecho a justicia
El dictamen indica que el objetivo es asegurar el derecho humano de acceso a la justicia y reparación del daño en favor de las
víctimas indirectas en el caso de feminicidio consumado y en favor de las
víctimas en el caso de tentativa punible.
Al hablar del proyecto que fue formado por ocho iniciativas de legisladores de diferentes bancadas, la diputada
Elizabeth Pérez Valdez (PRD), cuestionó que se pida a las víctimas considerarse afortunadas de no haber muerto y con ello revictimizarlas, así como al sistema de justicia que las obliga a convertirse en defensoras emergentes de sus derechos.
