Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Senado aprobó el dictamen que propone expedir una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión

El Pleno del Senado de la República aprobó este sábado, con 77 votos a favor y 30 en contra, el dictamen que propone expedir una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El proyecto plantea una reestructura profunda en el marco institucional, regulatorio y operativo del sector, como parte de las reformas de simplificación orgánica.

El senador Javier Corral Jurado expresó, a nombre de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, su respaldo a la iniciativa. Afirmó que esta reforma marca un cambio de visión al dejar atrás el modelo que favorecía a grandes consorcios concesionarios, para abrir paso a un enfoque social que impulsa a medios sin fines de lucro, como los comunitarios, indígenas y afromexicanos.

En los posicionamientos, la senadora morenista María Guadalupe Chavira De La Rosa, sostuvo que la reforma permitirá enfrentar los desafíos de la era digital y avanzar hacia una modernización nacional que garantice el acceso equitativo a los servicios de comunicación. 

Por el PAN, el senador Ricardo Anaya Cortés cuestionó el dictamen y señaló que su publicación no permitió una revisión adecuada. Aunque reconoció que algunos errores señalados por su partido fueron corregidos, advirtió que persisten dos riesgos graves: el acceso a la geolocalización sin orden judicial y el aumento de causales para suspender transmisiones. Reclamó que la exigencia del PAN de que la geolocalización requiriera una orden judicial no fue incorporada, por lo que anticipó que su grupo parlamentario votará en contra de la propuesta.

Por su parte, el senador priista Manuel Añorve Baños también se manifestó en contra del dictamen. Aseveró que esta ley abre la puerta a una estructura de control y vigilancia y cuestionó la creación de la Comisión Reguladora en Telecomunicaciones, a la que calificó como un órgano subordinado a la Agencia de Transformación Digital. Por último, advirtió que el nuevo marco permitiría al gobierno silenciar contenidos opositores y eliminar la libertad de expresión.

¿Cuáles son los cambios?

Entre los cambios más relevantes está la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que será sustituido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT); esta agencia asumirá las funciones de regulación, supervisión y formulación de políticas públicas del sector, con el objetivo de simplificar procesos.

Se creará la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como un órgano desconcentrado de la ATDT, encargada de dictar resoluciones regulatorias. Su Pleno estará integrado por cinco personas comisionadas.

Servicios públicos de interés general

La ley reconoce a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como servicios públicos de interés general y pilares para garantizar derechos fundamentales; también establece un enfoque multicultural y de derechos humanos.

Espectro, concesiones y cobertura

• El dictamen define nuevos mecanismos para la asignación y uso del espectro radioeléctrico, incluyendo esquemas de uso compartido, pruebas tecnológicas, redes inteligentes y plataformas de gran altitud.
• Las concesiones de uso público y social se otorgarán mediante asignación directa y estarán exentas del pago de contribuciones.
• Para promover la cobertura social, se contemplan descuentos fiscales para concesionarios que brinden servicios en zonas de difícil acceso.
• Los pequeños operadores también podrán beneficiarse de exenciones o reducciones en sus pagos, conforme a las disposiciones que emita la nueva Comisión Reguladora.

Derechos de las audiencias y no discriminación

Se refuerzan mecanismos de protección de las audiencias, estableciendo que cada concesionario deberá contar con su defensor. Se elimina la posibilidad de bloquear plataformas, como originalmente se preveía en el artículo 109 de la iniciativa, y se suprime el esquema de propaganda extranjera.

Además, se integran medidas para asegurar el acceso sin discriminación de personas con discapacidad, y se promueven lineamientos editoriales que garanticen la independencia de los medios públicos.

Cierre de la brecha digital

El Estado contará con tres mecanismos para contribuir al cierre de la brecha digital, entre ellos la participación activa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de su empresa pública dedicada a la provisión de internet y telecomunicaciones. Asimismo, establece una nueva arquitectura institucional y operativa.

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