En este artículo
- Tras el respaldo de 19 Congresos locales, el Senado emitió la declaratoria de aprobación del Plan B en materia electoral; la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, instruyó para que la reforma constitucional se remita al DOF para su publicación
- Pemex activa operativo en Veracruz por residuos de aceite en zona afectada por derrame
Tras el respaldo de 19 Congresos locales, el Senado emitió la declaratoria de aprobación del Plan B en materia electoral; la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, instruyó para que la reforma constitucional se remita al DOF para su publicación
El Senado de la Republica emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia electoral, conocida como “Plan B”, luego de que este proyecto recibió el respaldo de 19 Congresos locales, con lo que se alcanza la mayoría necesaria que requiere la modificación a la Carta Magna.
En un comunicado, el Senado informó que Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva, dio a conocer a la Asamblea que se recibió de la Cámara de Diputados el expediente con Proyecto de Declaratoria por el que se modifican los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El documento incluye los votos aprobatorios de los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México.
Por ello, Castillo Juárez emitió la declaratoria correspondiente e instruyó para que la reforma constitucional se remita al Diario Oficial de la Federación para su publicación. La senadora enfatizó que esta modificación a la Constitución Política parte de la convicción de que es necesario acabar con privilegios y hacer más eficientes las instituciones, además de reducir gastos excesivos, ordenar el uso de los recursos públicos y corregir inercias burocráticas.
Además, fortalece la legitimidad del Instituto Nacional Electoral (INE), al impulsar medidas de austeridad, racionalidad administrativa y responsabilidad en su ejercicio del gasto, mientras que los recursos que se ahorren podrán orientarse a obras públicas y programas sociales.
“Deseo que esta declaratoria de validez constitucional sea reconocida como la culminación de un proceso democrático, federal y republicano orientado a poner a las instituciones al servicio del pueblo de México”, destacó Castillo Juárez.
La modificación al artículo 115 de la Constitución General fija el límite de una sindicatura y hasta 15 regidurías en la integración de los ayuntamientos del país, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.
El límite del presupuesto anual de las legislaturas locales se plantea con la reforma al 116 constitucional, que estipula que las constituciones estatales deben establecer que dicho gasto no debe exceder del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente. También se deberán garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género, en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales.
La reforma al artículo 134 de la Constitución Política precisa que las remuneraciones de consejeros electorales, magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del INE, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas no podrán exceder de la remuneración que percibe el presidente de la República.
Tampoco podrán adquirir o contratar, con recursos públicos, seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley. En el tercero transitorio del proyecto se establece que el presupuesto anual autorizado para el Senado deberá ajustarse de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes, a fin de alcanzar al término de ese periodo, una reducción acumulada equivalente al 15 por ciento.