En este artículo
No tuvo que pasar mucho tiempo para que la demagogia y las falsas promesas de López Obrador en torno a su reforma judicial, avaladas por la presidenta Claudia Sheinbaum, cayeran por su propio peso.
Hoy, hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es motivo de burla. Las deliberaciones de las ministras y ministros evocan, sí, a los personajes de la comedia radiofónica cubana.
La Tremenda Corte: Tres Patines, el Tremendo Juez, Nananina y Rudecindo.
Lamentablemente, el desempeño de personas juzgadoras surgidas de la tómbola y los acordeones, plasmado en videos difundidos masivamente en redes sociales, ha devaluado la impartición de justicia en el país. El Poder Judicial de la Federación es también motivo de escarnio y desprecio por su penoso sometimiento al Ejecutivo.
La tormenta que especialistas y organismos nacionales e internacionales predijeron desde el momento mismo en que la reforma fue anunciada, comienza a hacerse presente con ímpetu…
En el estudio “Poder Judicial en México, 2018-2025: lecciones y salvaguardas para proteger su independencia”, presentado la semana pasada por México Evalúa, el organismo describe los “embates” en contra de la independencia del Poder Judicial en el periodo 2018–2025, caracterizado por la centralización del poder político en el Ejecutivo federal.
A la reforma judicial precedieron, expone el estudio, una “deslegitimación discursiva” y una “constricción institucional”.
La primera faceta consistió en difundir de manera sistemática “narrativas políticas que presentaron al Poder Judicial como un espacio de privilegio, corrupción o resistencia al cambio democrático”, señala México Evalúa tras analizar discursos presidenciales, conferencias públicas y declaraciones de actores políticos afines a la 4T.
La organización documenta dos mil 983 ataques en contra del Poder Judicial; de estos, narra, el 98.5 por ciento fueron ataques reputacionales. “Estos ataques formaron parte de una estrategia de confrontación política dirigida a erosionar la confianza pública en los tribunales y a reducir los costos políticos de impulsar reformas orientadas a modificar su funcionamiento (…) Este patrón sugiere que el cuestionamiento a la legitimidad del Poder Judicial fue utilizado como instrumento político para redefinir el papel de los tribunales dentro del sistema político mexicano”.
En cuanto a la “constricción institucional”, el estudio expone que, al mismo tiempo, fueron afectadas las condiciones materiales de funcionamiento del Poder Judicial. “La brecha recurrente entre los recursos solicitados por el Poder Judicial y los finalmente aprobados por la Cámara de Diputados sugiere que el presupuesto operó no sólo como instrumento de disciplina fiscal, sino como un mecanismo indirecto de presión política en contextos de confrontación entre poderes”.
Cabe subrayar que el análisis de México Evalúa consideró que, para que todo esto se concretara, existían previamente debilidades al interior del Poder Judicial, falta de mecanismos internos para fortalecer a la institución, así como desconfianza y polarización. Por ello, plantea “salvaguardas institucionales” que fortalezcan su independencia y capacidad operativa; entre ellas, mecanismos para proteger su autonomía presupuestal, reglas para disminuir la exposición del personal a presiones políticas, así como estrategias para fortalecer la legitimidad pública de los tribunales ante campañas de desinformación o deslegitimación.
“Fortalecer la independencia del Poder Judicial no constituye un privilegio corporativo de los tribunales, sino una condición para preservar el equilibrio de poderes, garantizar la vigencia del Estado de derecho y asegurar que las decisiones públicas se adopten conforme a criterios legales y no a presiones políticas”, concluye.
La tempestad ha provocado que un sector de la 4T en el Congreso de la Unión (Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero y Javier Corral Jurado) tome consciencia del precipicio al que el país se dirige… de ahí la iniciativa de reforma constitucional para enmendar la forma de elegir a las personas a cargos del poder judicial.
La exposición de motivos refiere, eufemísticamente (jejeje), que “la implementación práctica del nuevo modelo evidenció áreas de oportunidad. Particularmente, se identificaron desafíos en los procesos de evaluación y selección de aspirantes, así como en los tiempos de organización electoral”.
Y, con sutileza, reconoce que la iniciativa “se inscribe en una lógica de perfeccionamiento institucional del modelo de elección judicial recientemente adoptado, con el objetivo de consolidarlo bajo parámetros de mayor objetividad, profesionalización y certeza”.
¡Muy bien, qué bueno que actúen; es de sabios rectificar! Sin embargo, el costo que las decisiones jurisdiccionales de quienes hoy portan la toga y el mazo tendrán para México -más allá del costo político para la 4T- es incalculable; porque, aunque ahora recurran a parches, el daño ya está hecho… ¿Quién pagará los platos rotos? ¡Las y los mexicanos de a pie!