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Hacia finales de su administración como gobernador de Chihuahua, el expanista, hoy morenista, Javier Corral Jurado le dijo a una reportera de “El Diario” que no le respondería ninguna pregunta.
Era un pleito personal de este personaje, quien, por cierto, se cree periodista, con un medio crítico a su gobierno y que fue un claro ejemplo de censura previa, prohibida en la Constitución.
Hace unas semanas, otra periodista, ahora en Veracruz, exigió formalmente a la gobernadora morenista de esa entidad, Rocío Nahle, que explicara públicamente cuáles son sus criterios para decidir a quién sí y a quién no le responde preguntas en sus conferencias de prensa. Otro ejemplo de censura previa.
En septiembre de 2019, otro medio en Toluca, Estado de México, hizo una solicitud de entrevista con el entonces gobernador priista (hoy morenista), Alfredo del Mazo Maza.
Nunca hubo respuesta, pero el medio mantuvo un conteo de los días que pasaron desde la solicitud de entrevista hasta el último día de gobierno de este flamante heredero de lo peor del priismo en México.
Hace unos días, el Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados decidió sin razón alguna clasificar como "reservada en su totalidad" por cinco años la documentación del proceso en el que resultaron electos Arturo Chávez, Blanca Cruz y Frida Gómez como integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Otro ejemplo de censura previa.
Curiosamente, antes de solicitar licencia como gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya envió una iniciativa de reforma a la ley de transparencia del Estado.
Vale recordar que Sinaloa fue pionero en leyes de transparencia, antes inclusive que a nivel federal. La entidad llegó a tener una de las mejores leyes en la materia que hoy, está amenazada.
No es solo regresiva, violenta derechos humanos, promueve la opacidad y hasta terminaría en una suerte de tapadera para evitar indagar sobre la gestión de este gobernador acusado en Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado.
Al estilo lópezobradorista, la propuesta promueve desaparecer al organismo estatal de transparencia; elimina de la lista de sujetos obligados a ayuntamientos, partidos y sindicatos, todos altamente proclives a recibir dinero del crimen organizado o bien para el lavado de dinero.
El proyecto de Rocha Moya propone que se puedan reservar facturas y comprobantes de gasto público, lo que haría difícil el seguimiento a la forma en que el gobierno estatal gasta el presupuesto.
Propone además eliminar el consejo consultivo del organismo garante, de tal forma que la ciudadanía ya no tenga un órgano de representación que vigile el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las autoridades locales.
Cada que puede, el gobierno “más transparente de la historia” es en realidad el más opaco y al que más le incomoda el periodismo serio y profesional.
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*Periodista, autor del “Manual de Autoprotección para Periodistas” y de la “Guía de buenas prácticas para la cobertura informativa sobre violencia”. Integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Conduce el programa “Expedientes MN”, que se transmite los viernes a las 18:10 h, por la cadena de Meganoticias.