Diputados locales del PAN presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Querétaro para detener y sancionar los cobros ilegales de préstamos "gota a gota"
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso Local, junto con el diputado independiente Enrique Correa, propuso una iniciativa para incorporar el artículo 157 Bis al Código Penal del Estado de Querétaro, con la finalidad de frenar la violencia, la intimidación y otras prácticas ilegales vinculadas al cobro de créditos informales "gota a gota".
El diputado Guillermo Vega Guerrero señaló que no buscan prohibir los créditos, pues forman parte de una dinámica de libertades, sino sancionar, prohibir y erradicar a la empresa ilegal vinculada a este tipo de prácticas, relacionada con la cobranza extrajudicial. Puntualizó que el objetivo es proteger la paz, la seguridad y el patrimonio de las y los queretanos.
Detalló que la propuesta legislativa establece penas de prisión de dos a seis años y multas de 350 a 500 días de salario a quien "sin utilizar las acciones legales, use la violencia física o moral" para exigir el cumplimiento de una obligación adquirida voluntariamente.
Precisó que estas sanciones se agravarían, incrementándose hasta en una mitad, lo que podría llevarlas a un máximo de nueve años de prisión, en situaciones donde el delito se cometa en contra de grupos de edad, de menores de edad o mayores de 60 años o personas que no tengan capacidad para comprender el hecho.
“Esto se va a agravar cuando el autor del delito se ostente como miembro de alguna asociación delictuosa, cuando el delito se cometa en contra de personas de edad, de menores de edad o mayores de 60 años o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo”, declaró.
Según Vega Guerrero, los préstamos conocidos como “gota a gota” operan con intereses “del 20 por ciento al 50 por ciento mensuales”. Afirmó que la iniciativa ataca cinco frentes: fortalecer la seguridad pública, proteger el patrimonio de familias y comercios, atender a grupos vulnerables, dar herramientas eficaces a la fiscalía y prevenir el asentamiento de redes delictivas.
Confirmó la existencia de denuncias en los municipios Querétaro y San Juan del Río, principalmente de pequeños comerciantes, emprendedores y trabajadores sin acceso a la banca formal.
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