La detención de Catalina Xochitl Santiago, amparada por DACA, desató críticas al Gobierno de Trump, acusado de carecer de bases legales para justificar su arresto y posible deportación
El arresto de Catalina Xochitl Santiago, beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Texas, desató cuestionamientos sobre la legalidad de la medida y la intención del Gobierno de Donald Trump de deportarla.
La detención ocurrió el pasado 3 de agosto en el Aeropuerto Internacional de El Paso, cuando Santiago viajaba por motivos laborales con la organización La Mujer Obrera. Según las autoridades migratorias, el arresto se basó en un antecedente de 2020 en Arizona, donde fue detenida por supuesta posesión de parafernalia de drogas. Sin embargo, la Fiscalía del condado de Graham nunca presentó cargos y el caso fue desestimado, lo que permitió a la joven conservar el amparo de DACA.
Luis Cortés, abogado defensor de Santiago y quien participó en la defensa del programa DACA ante la Suprema Corte durante la primera administración Trump, aseguró que el Gobierno “no tenía y no tiene bases legales” para detener a la activista. Añadió que espera que las autoridades reconozcan el error y liberen a su clienta, cuyo beneficio migratorio está vigente hasta 2026.
Por su parte, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Interna, Tricia McLaughlin, calificó a Santiago como “criminal” y recordó que DACA no concede un estatus legal, por lo que sus beneficiarios pueden ser arrestados y deportados en caso de cometer delitos. No obstante, el equipo legal de Santiago subraya que la acusación que justificó el arresto fue descartada hace años, por lo que no debería usarse en su contra.
El caso ha provocado una ola de indignación. Más de 12 mil personas firmaron una petición en línea para exigir la liberación de la joven y se organizaron más de 20 vigilias en distintas ciudades del país en solidaridad con su situación.
La audiencia de Santiago está programada para el próximo 10 de septiembre en una corte de inmigración. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos alertaron que la detención refleja el riesgo de acciones arbitrarias contra beneficiarios de DACA, en medio de un historial de enfrentamientos legales entre el programa y la administración Trump.
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