De los 19 muertos que dejó un bombardeo militar colombiano contra disidentes de las FARC, al menos 6 eran menores de edad, denunció la Defensoría del Pueblo
Al menos seis de los 19 muertos que dejó esta semana un bombardeo militar colombiano contra disidentes de las FARC en el departamento del Guaviare eran menores de edad, denunció este sábado la Defensoría del Pueblo, que pidió respetar el derecho internacional, aunque recalcó que la responsabilidad final recae en los grupos armados que los reclutan.
En un comunicado, la defensora Iris Marín sostuvo: "Todo esto es lamentable, es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables: a menores de edad reclutados por falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares".
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó esta semana a las Fuerzas Militares bombardear y disolver las disidencias de las FARC comandadas por Néstor Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado en su país.
Uno de esos ataques ocurrió en el departamento de Arauca y otro en Guaviare, donde murieron 19 personas. Petro y su ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ya habían señalado que entre los fallecidos podría haber menores de edad.
La Defensoría del Pueblo confirmó hoy que seis de las víctimas eran niños, niñas y adolescentes reclutados de manera forzada, y añadió que aún hay cuatro cuerpos sin identificar.
Marín recordó que, bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH), "ningún niño, niña o adolescente reclutado debería resultar afectado por operaciones militares" y que las Fuerzas Militares "deben adoptar todas las precauciones factibles para protegerlos", siempre al evitar el uso excesivo de la fuerza.
También la defensora subrayó que "la responsabilidad originaria de la muerte de los menores de edad en los bombardeos recae en los grupos armados que los reclutan", en este caso el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC.
Además, recordó que el reclutamiento de menores es un crimen de guerra y advirtió que "utilizar la presencia de niños, niñas y adolescentes como argumento para cuestionar operaciones militares evidencia que las estructuras armadas ilegales los instrumentalizan como escudos humanos".
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