Cuatro inmigrantes y la organización CASA presentaron una demanda contra el Gobierno de Trump en Washington, alegando que los arrestos migratorios recientes son ilegales y piden detenerlos
Cuatro inmigrantes y la organización comunitaria CASA demandaron este jueves al Gobierno del presidente Donald Trump por la realización de arrestos migratorios que califican de ilegales en la capital estadounidense. La querella fue presentada ante un tribunal del Distrito de Columbia y busca frenar las redadas en Washington, D.C.
De acuerdo con el documento judicial, la política aplicada por la Administración de Trump permitió arrestar a personas sin orden judicial y sin causa probable de que carecían de estatus migratorio, en contra de lo establecido por la ley de inmigración de Estados Unidos.
Los demandantes incluyen a dos ciudadanos salvadoreños, un hondureño y un venezolano, quienes fueron detenidos de manera indiscriminada y liberados posteriormente, al comprobarse que tenían procesos migratorios en curso. Según la acusación, los operativos se realizaron de forma sistemática en diversos barrios de la ciudad.
CASA, una de las principales organizaciones de defensa de los inmigrantes en la región, se unió a la demanda al argumentar que la política de redadas obligó a desviar recursos de su labor social para atender la crisis de las personas detenidas. La agrupación denunció que los operativos sembraron temor en comunidades enteras de migrantes.
La demanda también solicita al tribunal ordenar la suspensión de las redadas migratorias en Washington. Dichos operativos aumentaron desde agosto, cuando Trump declaró una “emergencia criminal” para desplegar agentes federales en la capital.
“Esta política y práctica ignoran los límites establecidos por el Congreso para los arrestos migratorios y han sembrado el terror en las comunidades inmigrantes. Los agentes federales deben acatar la ley”, señaló Aditi Shah, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Distrito de Columbia, que participa en la representación legal.
Además de la ACLU, la defensa de los demandantes está integrada por el Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, el Proyecto Nacional de Inmigración, el Comité de Abogados de Washington para los Derechos Civiles y Asuntos Urbanos y el bufete Covington & Burling LLP.
Este no es el único proceso judicial contra la Casa Blanca por la política migratoria. En Los Ángeles se mantiene un litigio similar derivado de las redadas masivas realizadas en junio, lo que refleja un creciente número de impugnaciones legales a los operativos migratorios implementados durante la administración Trump.
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